Corte tumba uso de glifosato para erradicar cultivos ilícitos

El Alto Tribunal ordenó al gobierno aplicar una consulta previa con las comunidades que posiblemente se verían afectadas con el herbicida
Aspersión con glifosato
Crédito: Cortesía Policía Nocional

La Corte Constitucional tumbó la resolución con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había dado el visto bueno al Plan de Manejo Ambiental que presentó la Policia Nacional, para erradicar cultivos ilícitos utilizando el glifosato.

La decisión de la Corte se dio al estudiar y darle la razón a una tutela que decía que el proceso de creación del Plan de Manejo Ambiental no se consultó a las comunidades donde se implementaría el uso del glifosato, para la aspersión aérea de cultivos ilícitos.

Mire además: Fallo de tutela ordena suspender erradicación de cultivos ilícitos con glifosato

Ese tribunal concluyó que se desconocieron los derechos de participación de las comunidades en residen en los municipios donde se aplicará el Plan de Manejo Ambiental como en el departamento de Caquetá y Nariño.

La Corte le dio plazo de un año a la Autoridad Ambiental y al Gobierno para que adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que se encuentran asentadas en las regiones donde se utilizaría el glifosato para la aspersión aérea.

Ese Plan de Manejo Ambiental se iba a aplicar en 104 municipios de 14 departamentos entre ellos Meta, Guaviare, Vichada, Putumayo, Cauca, Antioquia, y Bolívar.

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Las comunidades campesinas del Pacífico Nariñense, del Catatumbo (Norte de Santander) y de los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte en el departamento del Cauca ya le habían pedido a la Corte tumbar el Plan de Manejo Ambiental

También le contaron a la Corte que han sido víctimas de supuestos abusos por parte de la Fuerza Pública en los operativos que adelantan para la erradicación forzada en los que se incluye – en algunos casos- el uso del glifosato.

En medio del estudio de ese caso, la organización Dejusticia envió un concepto a la Corte en el cual dicen que esos operativos no cumplen con el acuerdo de paz, ni con la jurisprudencia sobre las normas expedidas en el fast track de los acuerdos.


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