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Dentro de su pronunciamiento, la Corte Suprema consideró que quienes aspiren a acogerse a la Justicia Especial para la Paz, deben demostrar que sus delitos fueron por causa o tienen relación con el conflicto armado.
Para la Corte Suprema los miembros de la Fuerza Pública que quieran acceder a la libertad condicionada y anticipada, deberán estar certificados por el Ministerio de Defensa y “esa entidad debe solicitar la información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, cabe recordar que, entre las exigencias está que el servidor público se encuentre condenado o procesado ‘por haber cometido conductas punibles, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
El pronunciamiento lo hizo el alto tribunal tras negar la pretensión de un exintendente de la Policía, quien solicitó someterse a la JEP luego de haber sido condenado por el delito de concierto para delinquir, en hechos que no estaban relacionados con el conflicto armado.
“Se advierte que la conducta de implementar pirámides con el Esquema Ponzi para defraudar a las personas, no fue cometida por causa o con ocasión del conflicto armado, ni tiene relación alguna directa ni indirecta con este”, señala el fallo.
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