Corte Suprema deja mal parado al Fondo Ganadero de Córdoba

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Imagen de referencia tomada de Ingimage.

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Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema dejaron en firme dos fallos que señalan al Fondo Ganadero de Córdoba por vínculos con los paramilitares.

No es la primera vez que se habla de complicidad de la agremiación, con sede en Montería, de tener alianzas con paramilitares, pero ahora la Corte confirma en una sentencia que sostiene que el Fondo de Ganaderos de Córdoba participó en el desplazamiento de la población y en la adquisición ilegal de 137 predios en Turbo y Necoclí.

El Fondo ganadero de Córdoba es una asociación mixta, 20 por ciento es propiedad del Estado y 80 por ciento es de particulares. En el Fallo queda claro que la agremiación estaba permeada por el paramilitarismo y en parte era dirigida por la casa Castaño.

“El 1° de diciembre de 1997, el predio ‘La 52’ fue escenario de la alianza criminal entre la ‘Casa Castaño’ y el Fondo Ganadero de Córdoba. Ese día, Luis Ángel Zapata, Sor Teresa Gómez (cuñada de los Castaño y enviada por Vvicente con instrucciones claras de impulsar la legalización de tierras), y Benito Osorio Villadiego, en representación del Fondo Ganadero de Córdoba, acuerdan un plan para evitar el retorno de las tierras a la población desplazada, legalizar las propiedades y ponerlas a producir en función de los intereses de los concertados”.

El enclave entre el Fondo Ganadero y los paramilitares en el despojo de tierras fue Sor Teresa Gómez la hermanastra de Fidel, Carlos y Vicente Castaño. Ella era la encargada de ponerle precio a los bienes que iban a despojar, se reunía con los campesinos y les entregaba la irrisoria cifra de dinero. Ya el precio estaba pactado con anterioridad en la estructura criminal.

En algunas ocasiones llegaron a pagar hasta treinta mil pesos por una hectárea de tierra productiva. Los despojados recibían la mitad del dinero antes de suscribir las escrituras y la otra mitad la recibían cuando habían perdido su tierra trabajada durante toda su vida. El precio tope era de trescientos mil pesos.

Relata la Corte que Sor Teresa Gómez sacaba el dinero de una alacena y del interior de tulas. “Se observa que Sor Teresa Gómez Álvarez aparece en la mayoría de los casos suscribiendo las escrituras públicas y en otros casos en ausencia de esta, llevaron a los campesinos a que firmaran directamente esos documentos en las Notarías a nombre del Fondo Ganadero de Córdoba que finalmente resulta beneficiada con esos actos delictivos".

Cabe destacar que se habla de la posible vinculación de empresarios a la eventual Justicia Especial para la Paz que vendría luego de los acuerdos de La Habana.

La Corte, al inadmitir la casación presentada por supuestos colaboradores de las autodefensas Marco Fidel Furnieles y Guido Manuel Vargas, pone los representantes legales e integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba como auspiciadores de los paramilitares y en la mira de la nueva justicia transicional.


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