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La Corte Constitucional continúa escuchando a las entidades y autoridades del Gobierno, que deben cumplir con las órdenes emitidas por ese tribunal para garantizar seguridad de los firmantes de paz en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por el tribunal en esa materia, en 2022.
La presidenta de la Sala de Seguimiento, Cristina Pardo, cuestionó la falta de acción de los ministerios y entidades objeto de las órdenes, al indicar que la sala ha evidenciado que se han registrado seis excombatientes asesinados en las últimas semanas.
“¿Qué pasó entonces con las medidas de respuesta oportunas e integrales para evitar que los riesgos allá advertidos se convirtieran en una gran y dolorosa lista de daños? Hoy, la sala registra con inmensa preocupación los homicidios de al menos seis excombatientes de las extintas FARC-EP, en proceso de reincorporación”, cuestionó la magistrada.
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Entre tanto, el director de la Policía, general William Salamanca, afirmó que la institución necesita mejor articulación entre las entidades para atender y cumplir con las alertas tempranas que son emitidas por la Defensoría del Pueblo, mientras agregó que en las órdenes relacionadas con la construcción de estaciones de policía, se debe tener en cuenta que para ese propósito se necesita una disponibilidad presupuestal.
“Requerimos entonces de una mejor articulación interinstitucional para atender las alertas que trae a la Defensoría del Pueblo, mejorar canales de comunicación con los firmantes de paz. En algunas alertas recomiendan construir una estación de policía, eso requiere un ejercicio de planeación presupuestal”, aseguró Salamanca.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez se refirió al documento de pruebas aportados por el Gobierno a la Corte Constitucional, en el marco de los decretos de conmoción interior. El funcionario mencionó las medidas extraordinarias por la crisis en Catatumbo.
“En ese documento se habla de las necesidades extraordinarias, que a juicio del gobierno, para atender la crisis del Catatumbo requieren un aumento precisamente por el gran despliegue de fuerza pública que se dispone en este territorio, lo cual exige capacidades mayores, recursos mayores”, afirmó el ministro.
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De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en 2024 fueron asesinados 30 firmantes de paz, en 2023 fueron asesinados 45 y en lo corrido de este año se han presentado 10 asesinatos, de los cuales 7 se presentaron en el Catatumbo y 3 en el resto del país. Desde la firma el Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 451 firmantes.
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