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El próximo 04 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá definirá si ratifica o no el decreto probatorio en el juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Esta solicitud fue requerimiento de la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, y por la Procuraduría General de la Nación.
Las audiencia debían retomarse el pasado 23 de enero, pero no se realizaron porque el Tribunal no se pronunció sobre la controversia relacionada con el decreto probatorio emitido por la juez 44 de Conocimiento de Bogotá, específicamente, por la aceptación o no de las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, que captaron conversaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena.
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Estas grabaciones son consideradas una pieza clave en el caso, pero las partes defensoras argumentan que no deben ser admitidas como pruebas en el juicio.
El 28 de noviembre de 2024, Bladimir Cuadro, delegado del Ministerio Público, solicitó al Tribunal de Bogotá que reconsiderara la decisión de la juez y revocara la inclusión de las 28 interceptaciones de comunicaciones entre abogado y cliente. Cuadro argumentó que esta inclusión violaba las garantías legales de los involucrados y solicitó a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá que revoque la decisión de la juez.
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Por su parte, la defensa del expresidente ha insistido en que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y, por lo tanto, deben ser excluidas del proceso judicial.
Así mismo, ha insistido en que la juez del caso incurrió en errores al aceptar como prueba las interceptaciones telefónicas y no ha sido objetiva en sus funciones.
