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La Corte Constitucional admitió una nueva demanda contra la Reforma Pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro, tras su aprobación en el Congreso de la República, presentada por el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe quien cuestiona la forma en que se llevó a cabo el trámite legislativo de la ley.
Uribe sostiene que durante el proceso legislativo, la Plenaria de la Cámara de Representantes no cumplió adecuadamente con su deber de debatir y votar sobre los textos propuestos, pues, según el senador, se justificó la aceptación del texto del Senado con la excusa de la falta de tiempo, lo que, a su juicio, contraviene el principio de debate democrático.
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El senador también destacó que algunos congresistas se opusieron a la aprobación del texto que ya contaba con la aprobación del Senado, aduciendo que esta acción menoscababa el trabajo y las funciones de la Cámara de Representantes, afectando así el modelo bicameral establecido en la Constitución Política.
“Que la ponencia que aprobó la Comisión Séptima de la Cámara tenía cambios en 24 artículos respecto a lo aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la cual, por su parte, había hecho algunos más de 30 cambios al texto aprobado en el Senado de la República”, afirmó la demanda.
La Corte Constitucional verificó que la demanda cumple con el requisito de “pertinencia”, ya que las acusaciones son objetivas y verificables según la carta política colombiana.
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Actualmente, la Corte Constitucional tiene registradas un total de 22 demandas contra la Reforma Pensional, de las cuales ya varias han sido admitidas por los magistrados para iniciar la recolección y estudio de los argumentos y pruebas que presenten las partes intervinientes.
Una de las demandas estudio la de la senadora Paloma Valencia, que también ya fue admitida y está bajo análisis en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien fue recusado por el riesgo de que se afecte su imparcialidad, tras haber denunciado presuntas interceptaciones ilegales en su contra.
