Odebrecht
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Colprensa
10 Jun 2020 09:00 AM

Comisión de Fiscalía tomará declaración en Brasil de exdirectivos de Odebrecht

Se alista una nueva imputación de cargos contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.
Mauricio Collazos
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@CollazosMao

El nuevo grupo especial de fiscales de la Unidad delegada ante la Corte Suprema, que asumió la investigación por el escándalo de Odebrecht, ya tiene listo su primer viaje en comisión al exterior programado para el próximo mes de septiembre a Brasil, con el fin de tomar una ampliación de declaración juramentada a los máximos exdirectivos de esa multinacional.

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LA FM conoció en primicia que se esas declaraciones se realizarán a los expresidentes de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli, Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo da Rocha y Luiz Antonio Bueno Junior, quienes guardan la condición de testigos protegidos por el sistema judicial brasileño y el compromiso de colaboración eficaz con otros de los países afectados por este caso de corrupción internacional de pagos de sobornos.

Con estos testimonios se espera fortalecer las 14 líneas de investigación que adelanta la Fiscalía en Colombia, en capítulos como el de los supuestos aportes de dineros de esa multinacional a campañas políticas y serán determinantes para definir nuevas imputaciones de cargos y contribuir a los procesos que también adelantan otros organismos como la Corte Suprema contra algunos aforados.

Tras la llegada del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa y a pesar de que esa diligencia estaba programada para el mes de mayo pasado, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID- 19 fue necesario suspenderla y se espera que en esta ocasión se pueda concretar, para seguir consolidando las investigaciones que se siguen en Colombia.  

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En dicha diligencia judicial no se descarta que se interrogue a los exdirectivos de Odebrecht, sobre el presunto ingreso de dineros la campaña de reelección del expresidente Santos en 2014 y los últimos hechos referidos por los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, sobre una supuesta reunión celebrada entre el expresidente Juan Manuel Santos con funcionarios de esa multinacional, en la que se habría concretado el apoyo para su aspiración política.

LA FM también conoció que la Fiscalía General prepara una nueva imputación de cargos por ese caso contra Roberto Prieto, en medio de los preacuerdos alcanzados por el exgerente de la campaña presidencial de Santos, quien ya fue condenado a cinco años de prisión por varios delitos.

Esta nueva imputación se sumaría a la anunciada contra el excongresista Otto Nicolás Bula, por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Asimismo, están pendientes de ser reprogramadas las imputaciones contra los empresarios Andrés San Miguel Castaño y Esteban Moreno, señalados de valerse presuntamente de contratos ficticios para el tránsito de los 3.850 mil millones de pesos de Odebrecht, que supuestamente habrían ido a parar a la campaña reeleccionista de Santos.

Empresario Sanmiguel no descarta negociación con la Fiscalía

Iván Cancino, abogado del empresario Andrés San Miguel Castaño, señaló que a su cliente no le consta si los 3.850 millones de pesos por los que está siendo investigado, llegaron o no a la campaña reeleccionista de Santos.

De igual forma, sostuvo que el constructor no ha descartado la posibilidad de lograr un eventual acuerdo con la Fiscalía, pero por ahora está listo para enfrentar la imputación anunciada en su contra, porque tiene la consciencia tranquila de que no cometió delito alguno.

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“Realmente yo sigo considerando que en un negocio entre privados no hay ninguna conducta que le interesa al derecho penal. En Odebrecht y en muchos casos seguramente hubo transgresiones a la ley, pero en otros no y eso es lo que se está discutiendo por ahora. Sin embrago, no estamos cerrados a ninguna posibilidad y esperamos haber en que sustenta su petición de imputación la Fiscalía”, dijo Cancino.

Por su parte, Andrés Garzón, abogado del empresario Esteban Moreno, aseguró que la defensa cuenta con las pruebas necesarias para desvirtuar las sindicaciones de la Fiscalía.

Podemos demostrar que esta negociación fue el producto de un acuerdo entre privados en donde no llegó a desarrollarse la totalidad del contrato (…) A él de acuerdo con la información que me ha dado, lo único que le consta es que se trató de un negocio que no tiene nada que ver con ninguna campaña”, dijo el abogado Garzón.

Roberto Prieto a versión libre ante la CNE

En el caso del Consejo Nacional Electoral y tras haberse activado nuevamente los términos del proceso, los magistrados tienen previsto citar a Roberto Prieto, para que próximamente rinda una versión libre ante ese organismo.

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Igualmente, se estableció que el pasado 28 de mayo un grupo especial de investigadores de la Fiscalía General de la Nación inspeccionaron las oficinas del Fondo de Financiación de Campañas políticas del CNE, dentro del caso Odebrecht en donde tuvieron acceso a una serie de documentos.

Dentro de este proceso, ya fueron escuchados en versión libre Gilberto Contreras, contador de la campaña política; Aracely Rojas, auditora, y a Óscar Orlando Rueda, mientras el pasado 16 de enero el empresario Andrés Sanmiguel compareció ante el CNE, pero decidió guardar silencio.

Más de $23 mil millones recaudados por la Contraloría

Por su parte, la Contraloría General reportó que en calidad de víctima en estos procesos ha logrado el recaudo de más de 23 mil 750 millones de pesos, por parte de varios de los implicados en el escándalo de Odebrecht.

De acuerdo con ese organismo de control, el recaudo se ha ejecutado así: “al exviceministro de transporte Gabriel García Morales más de 1.270 millones de pesos; al excongresista Otto Nicolás Bula un total de 3.300 millones de pesos y a los expresidentes de Odebrecht en Colombia, Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo da Rocha y Luiz Antonio Bueno Junior, por un monto superior a los 19 mil 180 millones de pesos”.

La Contraloría dejo en claro que en este caso no se puede adelantar ningún proceso fiscal en contra de la constructora brasileña, debido a que los dineros pertenecen a una concesión, por lo que estaban en riesgo recursos públicos. 

Fuente
Sistema Integrado de Información