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Un juez de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento al director de la cárcel Modelo de Bogotá, Cesar Augusto Ceballos en el marco del proyecto que se le adelanta por cobrar millonarias comisiones para entregar beneficios a los reclusos.
El funcionario judicial tuvo en cuenta la gravedad de los hechos imputados por la Fiscalía General y el riesgo que existe de afectar el proceso penal si es dejado en libertad.
En la investigación de la Fiscalía General se manifestó que Ceballos cobraba comisiones para permitir el ingreso de licor y drogas, visitas en días y horas no autorizadas por el reglamento carcelario y cambios de patios y celdas.
Los investigadores concluyeron que el director del centro carcelario conformó una red junto a otros funcionarios para entregar beneficios a los internos. Para esto se fijó una especie de lista de precios y se establecieron unas funciones especificas.
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“Habría diseñado un esquema de corrupción para conceder beneficios a los reclusos, permitir el ingreso de drogas y otros elementos restringidos por el sistema penitenciario o avalar visitas en horarios no autorizados”, precisó la Fiscalía General.
Según las pruebas, una vez ingresaba un detenido a la cárcel el director de La Modelo hacía un estudio para establecer la capacidad socioeconómica del interno y definir el patio al que podía ser enviado.
“Por ejemplo, en el patio tres eran ubicadas las personas con más dinero y, presuntamente, debían pagar tres millones de pesos mensuales por su permanencia en ese lugar. Al parecer, ante cualquier incumplimiento en las ‘cuotas’ fijadas, los reclusos eran trasladados y, supuestamente, no les garantizaban su seguridad”, precisó el ente investigador.
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Los millonarios sobornos eran entregados al conductor del director la cárcel La Modelo o a uno de sus escoltas y en otras oportunidades, los familiares de los reclusos llevaban los pagos a la casa de ‘El Paisa’, quien tenía un inmueble frente a la cárcel.
La Fiscalía estableció que algunas residencias y bodegas en la localidad de Puente Aranda servían como lugares de almacenamiento de drogas, artículos lujosos y otros elementos que, con complacencia de algunos funcionarios del Inpec, eran ingresados ilegalmente a determinados reclusos.
Las tarifas
Los fiscales descubrieron que el personal a del Inpec y los particulares investigados fijaron toda una serie de tarifas, dependiendo en tipo de beneficio irregulares que requerían los reclusos.
La Fiscalía indicó que por permisos para cumplir citas médicas, al parecer, tenían un costo de 2 millones de pesos, pero si el chequeo era en EPS o medicina prepagada ascendía a 3 millones de pesos.
Asimismo, para ingresar whisky tenía un costo de 600 mil pesos; celulares, 400 mil; y droga, 500 mil, la libra.
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También se estableció que para autorizar el ingreso de personas en horarios no permitidos ascendería a 500 mil pesos al patio tres y 150 mil pesos a los patios comunes.
La corrupción en la Picota
El fiscal del caso también reveló que la red de la que hacía parte el entonces director de la Picota, mayor Luis Francisco Perdomo, capturado el pasado 27 de septiembre, también tenía a su servicio casas y bodegas para recibir ‘encargos’ o ‘encomiendas’ que eran ingresados ilegalmente al centro penitenciario con la supuesta ayuda de algunos guardianes.
Según la investigación, también existía un esquema de tarifas por beneficios otorgados a los reclusos, entre ellos, visitas y traslados.
El ingreso de perfumes en frasco podría costar 100 mil pesos, peros si iba con su caja y empaque original ascendía a 150 mil pesos.
Entrar una muda de ropa podría superar los 300 mil pesos según la marca, e ingresar un reloj costaría 3 millones de pesos.
Autorizar visitas oscilaría entre 100 mil pesos, si era a un patio común, y 3 millones de pesos si se trataba del patio de extraditables. Se constató que autorizar visitas íntimas o ingreso de acompañantes podría superar los 3 millones de pesos.
Por estos hechos, también fueron capturados cinco guardianes y tres particulares.
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