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La Procuraduría General de la Nación reactivó las investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
El proceso estaba suspendido por la pandemia del coronavirus pero revivió con un documento que ordena una serie de pruebas en la investigación, por "presuntas irregularidades presentadas en el desarrollo del proyecto, su control y vigilancia que podrían haber incidido en la contingencia social, económica y ambiental presentada desde abril de 2018 y en la gestión, manejo y control de la contingencia".
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La Procuraduría ordenó a la aseguradora del proyecto, Mapfre, entregar un informes sobre el estado actual de las pólizas del proyecto y los pagos que se han realizado.
Entre las pruebas, la Procuraduría también ordenó a la Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregar información, tanto operacional como técnica del proyecto, mientras que la Alcaldía de Medellín deberá entregar un informe sobre el manual de funciones de Daniel Quintero en su calidad de alcalde de la ciudad.
La investigación se extiende a 25 personas por irregularidades en el proyecto, modificaciones de la licencia ambiental y presuntas irregularidades en materia ambiental sobre el proyecto.
Los implicados que están en el ojo de la Procuraduría son los entonces directores de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Claudia Victoria González y Rodrigo Suárez; los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Emilio Pérez, quienes también son miembros principales junta directiva Hidroituango S.A. E.S.P, según la Procuraduría.
También están vinculados los miembros principales junta directiva Hidroituango S.A. E.S.P. Iván Mauricio Pérez, Alejandro Granda Zapata y Mauricio Tobón.
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Así mismo, se nombran a los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle, Federico Restrepo y Jorge Londoño de la Cuesta, y “miembros principales junta directiva Hidroituango S.A. E.S.P”, y los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez y “miembros junta directiva de EPM”.
Al mismo tiempo, la Procuraduría programó para el 21 de octubre la audiencia de conciliación entre EPM y los contratistas de Hidroituango, en medio del conflicto por los constantes retrasos de la obra, a raíz de los perjuicios ocasionados en el 2018, por el colapso de uno de los túneles de la estructura, lo que llevó a riesgos ambientales y sociales aguas abajo de la construcción.
Si se llega a un acuerdo en esa conciliación, el proceso a seguir sería una aprobación de un juez, en el caso de que no concilien, EPM presentaría la demanda que anunció, por $9.9 billones de pesos, ante jueces administrativos.
Sobre la licencia ambiental otorgada al megaproyecto expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), a través de la Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009, cursa en el Consejo de Estado una demanda.
La demanda fue interpuesta por las comunidades del Cañón del Río Cauca aledaños al proyecto hidroeléctrico, quienes dicen estar en permanente riesgo por la posible inestabilidad del muro.
Las mismas comunidades dicen que han tenido que enfrentar afectaciones en su salud, vivienda, trabajo y acceso a fuentes de agua por la actividad y el represamiento del afluente.
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