Caso de Laura Sarabia: solicitan cárcel para los cuatro policías implicados en chuzadas

La Fiscalía les imputó a los policías los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita
Laura Sarabia es parte del escándalo de los audios de Benedetti
Laura Sarabia será citada a rendir declaración en las próximas horas o días. Crédito: Camila Díaz - Colprensa

La audiencia de los cuatro policías a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita, cargos que no fueron aceptados, por su presunta participación en las chuzadas del caso de Laura Sarabia, continuó en el bunker de la Fiscalía a puerta cerrada.

Desde este lunes la juez determinó que la diligencia sería reservada, sin embargo, La FM ha conocido diferentes detalles de la audiencia de medida de aseguramiento, entre ellos que tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitan enviar a la cárcel a los implicados, argumentando que los uniformados podrían manipular testigos y destruir pruebas para afectar el proceso judicial.

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La Fiscalía argumentó que los uniformados Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales serían los responsables de alterar el informe de la Sijin que correspondería a los actos urgentes del día del robo de la casa de Laura Sarabia en enero.

También intervinieron los representantes de víctimas, quienes afirman que hubo interceptaciones ilegales al celular de Marelbys Meza y a familiares y amigos cercanos de la exniñera.

Cabe mencionar que, en medio de la audiencia reservada, se conocieron documentos del expediente que advierten que la Fiscal que pidió investigar a los policías hoy capturados, fue la misma que siete días después, acudió a un juez para legalizar las interceptaciones que ellos hicieron y por los cuáles hoy están detenidos y envueltos en un proceso judicial que podría privarlos de la libertad.

Uno de los documentos es la compulsa de copias que hizo la fiscal 101 local de Bogotá y que investigaba el caso de robo en la casa de Laura Sarabia.

En dicha compulsa, pidió a la Dirección Anticorrupción que abriera procesos en contra de los investigadores, pero siete días después, la misma fiscal acudió a un juez para legalizar la información obtenida de las chuzadas.

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En el documento, es visible que el juzgado 32 impartió legalidad y ordenó la cancelación de los seguimientos a una de las líneas.

Por orden de la juez, la diligencia de medida de aseguramiento continuará el miércoles 13 de septiembre, a las nueve de la mañana.


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