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El abogado Elmer Montaña amplió la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que determinaron formular cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato presidencial y abrir una investigación formal a su campaña de 2022, al encontrar indicios de que se violaron los topes establecidos por la ley en más de 5.000 millones de pesos.
En este caso hubo tres votos que fueron positivos: los de los magistrados autores de la ponencia Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, sumado al de Alfonso Campo.
Así mismo, los otros cuatro magistrados que respaldaron la investigación, pero aclarando sus votos, fueron Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente del CNE, César Lorduy.
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Cabe señalar que los dos magistrados que salvaron su voto son Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.
De acuerdo con el abogado Montaña esta investigación es competencia exclusiva de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
“Cuando los señores Lorduy y Prada radicaron la ponencia mediante la cual el Consejo Nacional Electoral ordena abrir investigación en contra de la campaña de la Presidencia de la República y del entonces candidato Gustavo Petro Urrego radicamos denuncia penal en contra de estos funcionarios por el delito de prevaricato en el entendido de que el Consejo Nacional Electoral carece de competencia para investigar al Presidente”, indicó el abogado Montaña.
Así mismo, sostuvo que: “Esa competencia es exclusiva y excluyente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Los magistrados que aprobaron esta ponencia también incurrieron en ese delito de prevaricato”.
“Por eso hemos ampliado nuestra denuncia y le hemos enviado a la Fiscalía General de la Nación un documento mediante el cual denunciamos adicionalmente a los otros magistrados que suscribieron que aprobaron esa ponencia prevaricadora”, enfatizó el abogado Montaña.
En la indagación previa, el CNE encontró inconsistencias en la información sobre el avión en el que fueron transportados el hoy Presidente y su círculo cercano a distintas ciudades del país, ya que la compañía Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) no remitió los permisos de vuelo otorgados por la Aeronáutica Civil y anuló seis de las nueve facturas electrónicas que se expidieron con motivo de los viajes. Además, se detectó una posible relación con la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado dichos vuelos.
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También se busca indagar sobre el pago a más de 60.000 personas que sirvieron como testigos electorales de la campaña del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial, que se votó el 19 de junio de 2022.
Asimismo, parte parte del expediente se centra en la omisión de información financiera en el aplicativo Cuentas Claras, sobre los dineros que supuestamente fueron aportados por el sindicato de maestros Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), así como sobre una factura por concepto de publicidad.
