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El penalista Jaime Granados, abogado del coronel Alfonso Plazas Vega le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que su defendido sea indemnizado tras ser absuelto de una condena de 30 años por la Corte Suprema de Justicia, hechos por lo que estuvo detenido por ocho años.
Granados aseguró que en el proceso hubo arbitrariedades, especialmente durante la captura del exoficial en el año 2007, así como en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación que en ese momento estaba a cargo de Mario Iguarán.
Por tal motivo, el abogado le expuso el caso a la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y solicitó de manera formal, a través de un documento de más de 100 hojas, la reparación por todos los daños causados tanto a Plazas Vega como a su familia.
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"El 13 de julio, el abogado del coronel fue a la Fiscalía a preguntar por alguna novedad durante el proceso siendo informado de que todo seguía igual. Sin embargo, la Fiscalía, la prensa nacional e internacional, la Policía, el Das y el CTI estuvieron esperando al Coronel Plazas Vega el 15 de julio de 2007, porque sabían que ese día regresaría de Medellín luego de visitar a una familiar que agonizaba. En esas condiciones se daría la captura del coronel, nuevamente sin ningún respeto por la otrora sagrada reserva del sumario", señala el abogado en el documento.
Granados, aseguró en su mensaje que el coronel (r) fue víctima de graves vejaciones, irrespetos y violaciones a Derechos Humanos por parte de la fiscal y la Juez del caso.
"El Tribunal en segunda instancia, no pudo menos que creer las mentiras de la decisión de primera instancia y confirmar la decisión porque el problema no era de criterio o de interpretación, sino de evidentes mentiras consignadas en la providencia impugnada como luego se comprobaría", señaló.
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Cabe recordar que en diciembre del 2015, la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en las desapariciones del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y de la guerrillera Irma Franco durante la retoma al Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
El alto tribunal señaló que no existen pruebas suficientes que relacionen que Plazas haya dado la orden para desaparecer a las personas envueltas en el holocausto.
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