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El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este jueves una "persecución política" después que la justicia de su país decidiera llamarlo a juicio por su presunta participación en el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia.
"Como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas excusas tremendamente graves, porque estos son delitos internacionales, [es una] persecución política", dijo Correa en una entrevista con la AFP en Bélgica, donde reside desde 2017.
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El mandatario entre 2007 y 2017, que afronta una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide que sea juzgado en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel.
Para Correa, la acción judicial, en su opinión plagada de "irregularidades", "no tiene ningún futuro". "Pretenden con eso tenerme desterrado siete, ocho años, hasta que prescriba" y "tenerme fuera el país para la próxima campaña [electoral], en marzo de 2019", agregó.
Desde Bélgica, país de origen de su esposa, el ex jefe de Estado socialista siempre ha negado cualquier implicación en los hechos y ha acusado a su vicepresidente de 2007 a 2013, y actual presidente Lenín Moreno, de orquestar un complot en su contra.
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Preguntado sobre un eventual regreso para enfrentar el juicio, Correa lo descarta porque sería "regresar para que te masacren con la injusticia que vive el país". ". No tenemos Corte Constitucional, la destituyeron".
Su defensa ahora pasa también por acudir ante instituciones internacionales, confirmó a la AFP, como hicieron en septiembre sus consejeros jurídicos que denunciaron esa "persecución judicial" ante el Relator Especial Especial de la ONU sobre la independencia de jueces, fiscales y abogados.
"También vamos a ir al sistema interamericano, pero (...) había que esperar esta última etapa. Ya hemos agotado todo lo razonablemente posible", avanzó. "De persecución política, tenemos muchísimas pruebas", agregó.
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Sobre la petición de circular roja solicitada en julio por la justicia ecuatoriana a Interpol, de cara a una posible extradición, el ex presidente aseguró que, aunque aún no tienen "comunicación oficial", la organización de cooperación policial la rechazó.
"Si lo hubiera aceptado ya tendríamos la alerta roja. Y lo rechaza por ser un caso evidentemente político, es de libro de texto, es una persecución política", subrayó.
Interpol no suele informar sobre las decisiones adoptadas por la organización. La justicia ecuatoriana, que emitió también en julio una orden de arresto nacional contra Correa, tampoco se ha pronunciado sobre la circular roja.
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