Parlamento británico pide a Boris Johnson publicar informe sobre injerencia rusa en el país

Los intentos de injerencia rusa habrían sido en la campaña del referéndum sobre el Brexit de 2016.
Boris Johnson
Boris Johnson Crédito: AFP

El primer ministro británico, Boris Johnson, se vio presionado este martes por el Parlamento para que publique un informe sobre posibles injerencias rusas en la política británica, que podría resultar explosivo en plena campaña para las elecciones anticipadas del 12 de diciembre.

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El informe de 50 páginas, redactado por la comisión parlamentaria de inteligencia y seguridad (ISC), fue entregado al primer ministro el 17 de octubre. Pero todavía no ha sido hecho público y el país, que mantiene tensas relaciones con Rusia desde el intento de asesinato en 2018 en Inglaterra del exespía ruso Serguéi Skripal, se pregunta por qué.

El presidente de la ISC, Dominic Grieve, lleva unos días pidiendo a Downing Street que lo publique para que el Parlamento pueda examinarlo antes de los comicios legislativos, convocados para intentar romper el bloqueo político que obligó a un tercer aplazamiento del Brexit, ahora hasta el 31 de enero de 2020.

Según el diario The Guardian, el informe examina principalmente los intentos de injerencia rusa en la campaña del referéndum sobre el Brexit de 2016, en el que la salida de la Unión Europea se impuso por 52% de votos gracias, en parte, al empuje del propio Johnson.

Tras ser tratado horas antes en la Cámara de los Lores, el tema provocó un acalorado debate en la Cámara de los Comunes, que debe ser disuelta el miércoles.

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La ausencia de explicación para justificar este retraso "no tiene precedentes", denunció Grieve después de haber afirmado a The Guardian que la decisión de no publicarlo es "alucinante".

El lunes, el lord independiente David Anderson aseguró que "este retraso injustificado debilita a la ISC y hace sospechar del gobierno y sus motivaciones".

Un portavoz de Downing Street afirmó que aún no se ha completado el proceso de autorización de publicación. Pero analistas políticos coinciden en señalar que una campaña electoral es un momento delicado para sacar a la luz este tipo de material.

El informe se basa en el análisis de los servicios de inteligencia británicos y de expertos. Y aunque llegó a la oficina de Johnson el mes pasado, su proceso de autorización comenzó en marzo.

"No hay pruebas"

Las fuerzas de oposición, encabezadas por el izquierdista Partido Laborista y los independentistas escoceses del SNP, acusaron al gobierno de querer minimizar el alcance de esta injerencia.

La laborista Emily Thornberry, encargada de cuestiones internacionales, denunció como "totalmente injustificable" el retraso en la publicación y consideró que está "claramente motivado por razones políticas". "¿Qué tiene ustedes que ocultar?", le lanzó al gobierno.

Sin embargo, según el secretario de Estado de Relaciones Exteriores Chris Pincher la duración del examen del informe no es inhabitual.

"No hay pruebas de que Rusia haya logrado inmiscuirse" en las citas de los británicos con las urnas, afirmó, acusando a la responsable opositora de defender "teorías del complot" y pidiendo que se deje a Johnson el tiempo necesario para evaluar su contenido.

Mientras tanto, el primer ministro prosigue su campaña electoral con la esperanza de lograr una mayoría suficiente en el Parlamento para obtener por fin la aprobación del acuerdo de Brexit firmado con Bruselas y poder sacar al país de la UE a principios del 2020, casi cuatro años después del referéndum.

Johnson envió una carta al líder laborista Jeremy Corbyn, su principal rival, en la que le pedía que deje clara su ambigua posición sobre este tema, que monopoliza la política británica y divide al país.

"Cuando elijan a su nuevo primer ministro, los votantes merecen tener una imagen precisa de lo que hará cada potencial dirigente en lo relativo al Brexit", le lanzó.

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Corbyn le respondió ante los militantes laboristas reunidos en Harlow, al sur de Londres, acusando al primer ministro de utilizar el Brexit para recortar los derechos de los trabajadores y abrir el sacrosanto servicio público de sanidad NHS al sector privado estadounidense en el marco de un futuro acuerdo de libre comercio con el presidente Donald Trump.


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