La FM en Google News
Un gran aliado del presidente de Estados Unidos admitió haber condicionado la ayuda militar a Ucrania a que Kiev investigara a Joe Biden, rival demócrata de Donald Trump, según declaró a los legisladores que llevan adelante la pesquisa para destituir al mandatario.
En una de las pruebas más condenatorias contra Trump hasta la fecha, Gordon Sondland declaró a los legisladores haber dicho a un alto funcionario ucraniano que la ayuda militar estadounidense no sería entregada hasta que Kiev garantizara públicamente que investigaría los lazos de Biden y su hijo con la compañía energética Burisma.
En contexto: Opositor boliviano asegura ir a diario al Palacio de Gobierno, hasta lograr renuncia de Evo
Según su testimonio del 17 de octubre pasado ante los legisladores difundido este martes, Sondland admitió que propuso el quid pro quo (del latín, "algo a cambio de algo") supuestamente ilegal, negado por Trump repetidamente, en una conversación, el 1 de septiembre, con Andrey Yermak, un alto consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
El Embajador dijo que eso fue la culminación de meses de presión sobre Kiev, principalmente a través del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, para abrir investigaciones "anticorrupción" sobre los Biden y sobre la creencia de Trump de que Ucrania ayudó a los demócratas en las elecciones de 2016.
Sonland le dijo a Yermak que "la reanudación de la ayuda estadounidense probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionase el informe anticorrupción que habíamos estado discutiendo durante semanas", dijo a los investigadores.
Lea más: Trump ofrece ayuda para hacerle frente a carteles mexicanos, tras masacre de familia
El embajador ante la Unión Europea, designado al puesto por Trump después de donar un millón de dólares para su toma de posesión, era plenamente consciente de la relación entre los 391 millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos y la ayuda de Ucrania a Trump para luchar por su reelección el próximo año.
Sondland admitió además ante los legisladores que llevan adelante la investigación previa a un eventual juicio político contra el Presidente que entendía que el vínculo entre la investigación y la ayuda militar era "incorrecto".
Preguntado sobre si esto era ilegal, el Embajador respondió: "No soy abogado, pero presumo que sí".
