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Un juez federal en Texas ordenó al gobierno estatal retirar una barrera de boyas instalada sobre el Río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, antes del 15 de septiembre.
El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, señaló en su fallo que la barrera, de 300 metros de longitud, constituye una "obstrucción a la capacidad navegable" del Río Grande, y reprendió al gobierno estatal, republicano, por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla.
"La conducta de Texas perjudica irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de funcionarios de agencias federales en el Río Grande y sus alrededores", subrayó el juez.
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El fallo también prohíbe a Texas volver a instalar boyas "o cualquier tipo de estructura" sobre el río, lo que supone una victoria para el Gobierno de Joe Biden, que presentó la demanda inicial en el tribunal en contra de la barrera flotante.
"Nos complace saber que el tribunal dictaminó que la barrera era ilegal y daña de manera irreparable las relaciones diplomáticas de EE.UU. y la seguridad pública", señaló la fiscal general asociada del Departamento de Justicia, Vanita Gupta, en un comunicado.
Durante el juicio, el gobierno de Texas defendió la instalación de las boyas acusando a la Administración demócrata de no defender la frontera sur ante una "invasión", por lo que dijo haberse visto obligado a tomar medidas por su propia cuenta para "defenderse".
El juez Ezra rechazó este argumento, asegurando que es "impactante" ya que tener esa potestad daría al gobernador de Texas "más poder que el que tiene el presidente de EE.UU.".
"Básicamente, el gobernador de Texas podría declarar y hacer la guerra indefinidamente en la frontera de Texas sin autorización del Congreso o supervisión de cualquier tipo", escribió el magistrado.
A su vez, Ezra determinó que el gobierno estatal no entregó "ningún tipo evidencia creíble de que la barrera de boyas ha reducido significativamente" la migración irregular a través del Río Grande y que además supone una "amenaza" a la vida de las personas que intentan cruzar la frontera.
A principios de agosto, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadáveres de migrantes flotando sobre el río, cerca de las boyas.
La polémica barrera forma parte de la "Operación Estrella Solitaria", una campaña lanzada por el gobierno de Greg Abbott para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas de Biden.
La reacción mexicana
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), reconoció por su parte la decisión emitida por la Corte Federal para el Distrito Oeste en Estados Unidos de retirar estas barreras.
"Nos mantendremos atentos a la resolución final y reiteramos la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida; así como la importancia de respetar el Tratado Bilateral de 1944 y salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes", apuntó la SRE en un comunicado.
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El Gobierno de México pidió en varias ocasiones a EE.UU. que se retirara la barrera, alegando que la mayor parte de las boyas se encontraban en su territorio.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, corroboró esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal, donde se concluye que la gran mayoría de las boyas están del lado mexicano.
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