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La COP29 acordó este domingo de madrugada, tras dos semanas de intensas negociaciones, momentos de crisis y “caos” en su tramo final, el acuerdo financiero por el cual los países ricos pagarán 300 mil millones de dólares anuales al mundo en desarrollo para costear allí la acción climática.
En un plenario interrumpido varias veces para ultimar los detalles del texto a negociar, los cerca de 200 países reunidos en la cumbre de Bakú sellaron por fin el acuerdo con el que fijaron la nueva meta de financiación climática, que reemplazará a la anterior que estaba establecida en 100.000 millones de dólares anuales.
Los negociadores pasaron las últimas dos semanas discutiendo en la capital azerí los detalles de este objetivo, que según se acordó este domingo establece la cantidad de 1,3 billones de dólares anuales para 2035, si bien de ese monto solo 300.000 millones (287.000 millones de euros) deberán proveerse a través de ayudas y movilización de fondos privados con respaldo público.
Los delegados, periodistas y público, presentes en la gigantesca sala donde se celebraba el plenario, rompió en aplausos y ovaciones cuando el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, bajó el martillo sobre el acuerdo financiero que suponía el fin a una jornada maratoniana que se había extendido más de 32 horas del cierre previsto de la cumbre.
Más de 24 horas después de su clausura, la cumbre de Bakú cerró el acuerdo con el que los estados pudientes se comprometieron a asumir una parte de la factura que la transición ecológica y la adaptación climática comporta para los países del Sur Global, que son los menos responsables históricos del calentamiento global y, al mismo tiempo, los que más sufren sus consecuencias.
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El texto reitera una de las demandas que estos estados con menos recursos llevan años manifestando en estos foros: la reforma de la arquitectura financiera internacional.
Los países señalan que esta deberá “abordar los obstáculos” a los que se enfrenta el mundo en desarrollo a la hora de acceder a la financiación climática, eliminando por ejemplo las barreras y los elevados costes de capital, las limitaciones fiscales, los “niveles insostenibles de deuda” o los altos costes de transacción.
Reconoce asimismo la necesidad especial de acercar “recursos públicos, subvenciones y financiación en condiciones muy favorables, en particular para la adaptación y la respuesta a los daños y perjuicios” del cambio climático en los países “menos adelantados” y en “los pequeños estados insulares en desarrollo”.
Contamina pero paga la factura
Las partes reafirman el principio del Acuerdo de París que hace referencia a las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas de los países en la crisis climática: los considerados “desarrollados” –pudientes– emiten más gases de efecto invernadero que los llamados “en desarrollo”, y, por tanto, las partes consideran que deben asumir buena parte de la factura.
El grupo de economistas de alto nivel al que la ONU encargó un informe sobre financiación climática cifró en 2,4 billones de dólares anuales el coste de la transición y adaptación climática en el mundo en desarrollo para 2030, pero calculó que, de esa cantidad, 1,4 billones podrán aportarlos los países del Sur Global de sus propios bolsillos, mientras que el billón restante deberá provenir de financiación externa.
Mediante la nueva meta global de financiación climática fijada en Bakú, los estados ricos se comprometieron a movilizar en total 1,3 billones de dólares anuales para 2035, pero con una primera capa asegurada, de 300.000 millones.
El monto mayor es el que sugirieron los países en desarrollo en los primeros días de la COP29, si bien lo pedían para 2030, pero la capa central del objetivo queda aún lejos de los 500.000 millones de dólares que exigieron.
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Esa capa, también llamada “corazón” del objetivo, estará compuesta de “una amplia variedad de fuentes”, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, según el acuerdo.
Se invita, por otro lado, a que las partes puedan contabilizar voluntariamente como financiación climática los fondos que provienen de bancos multilaterales de desarrollo, cuyos donantes no son exclusivamente los países ricos, sino que también participan los estados considerados en desarrollo.
Las categorías “desarrollados” y “en desarrollo” responden a una clasificación que data de 1992, año en que nació la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, producto de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
Pero ahora, 32 años después, países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea arguyen que el mundo ha cambiado, y ya no pueden considerarse en desarrollo, por ejemplo, China, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.
Pero el texto acordado en Bakú “alienta” a los países en desarrollo a que hagan contribuciones “voluntarias” para alimentar la financiación climática de 1,3 billones anuales dirigidos hacia países del Sur Global.
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