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Este domingo más de 15 millones de chilenos tendrán la posibilidad de elegir si cambian la constitución que rige al país desde 1980, año en el que el texto fue aprobado durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Durante el periodo presidencial del actual mandatario, Gabriel Boric, se han hecho intentos por reformar la constitución; este será el último, según anticipó Boric, al menos durante su gobierno.
El 4 de septiembre de 2022, con una participación del 85% del padrón electoral, Chile votó en contra del primer intento de reforma, con un 61,89% versus un 38,11%. El presidente Boric no se dio por vencido y siguió adelante con un nuevo proyecto de cambio de constitución.
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La negativa del pueblo chileno supuso un duro golpe contra la izquierda del país, pues, impulsados por las protestas que volcaron la nación en el 2019, y el triunfo en las urnas de Boric en el 2021, la aprobación de la nueva constitución sería la consolidación definitiva de la izquierda.
Sin embargo, el rechazo supuso un nuevo aire para la derecha y la extrema derecha chilena, el cabeza del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. El efecto "boomerang" se materializó en la nueva conformación de los integrantes de la Convención Constitucional, de mayoría conservadora, quienes estuvieron encargados de redactar la nueva constitución por la que votarán los ciudadanos.
¿Qué dice la nueva constitución?
Los chilenos concuerdan en que un cambio de constitución es necesario, pues la de 1980 negaba varios derechos para sectores sociales como mujeres, población indígena, población en condición de vulnerabilidad, entre otros.
Sin embargo, una constitución más conservadora, con respecto al primer intento de 2022, augura algunos puntos controversiales, tanto para la izquierda, como para la derecha.
Por un lado, el nuevo texto hace énfasis en el reconocimiento de "los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos”. Además, reconoce la interculturalidad como un valor de la "diversidad étnica y cultural del país", algo que según Kast, es una innovación absoluta.
Pero los pueblos indígenas no están del todo satisfechos. El único representante de esta población, Alihuén Antileo Navarrete, llamó a votar "en contra", debido a que no se incluyen medidas como normas compensatorias ni mecanismos que aseguren su participación política, algo que sí estaba en el primer intento de reforma.
Dentro de los cambios en la rama legislativa, plantea una reducción de 155 a 138 diputados, una norma que establece que los partidos políticos obtengan al menos el 5% de los votos a nivel nacional para que tengan representación en el Parlamento, y la perdida del escaño a quienes decidan renunciar al partido político que permitió su candidatura. Quienes votan "a favor" creen que esta medida fomentaría un congreso de mayorías, mientras quienes están "en contra", afirman que limitaría la diversidad de partidos y representatividad.
En cuanto a la igualdad de género en el aparato político, la propuesta hace importantes avances con respecto a la constitución de Pinochet. Por un lado, garantiza paridad de entrada, es decir, que se asegure la misma cantidad de mujeres y hombres a las candidaturas. Sin embargo, no se garantiza lo mismo en la de salida, aunque asegura una norma transitoria para que en las próximas dos elecciones parlamentarias ningún sexo supere la proporción 60% - 40%.
Haciendo referencia al tema del aborto, el nuevo texto dice que "la ley protege la vida de quien está por nacer", una sutil -pero importante para algunos- diferencia en cuanto a lo que está consignado en la actual Carta Magna, la cual dice que establece el derecho a la vida "del que está por nacer". Los detractores de la nueva carta dicen que el cambio del pronombre "que", por "quien", sugiere que el que está por nacer es una persona "y la discusión de si el feto tiene o no titularidad de derecho ha sido determinante para tener legislaciones de despenalización del aborto. Tiene una intencionalidad muy clara”, puntualizó Verónica Undurraga, expresidenta de la comisión de expertos que creó un anteproyecto sobre el cual trabajó el consejo constitucional.
Según el medio chileno La Tercera, Paola Assael, socia de Black & White, describe que hay bolsones de votos ya definidos: “Las mujeres tienden más hacia el ‘En contra’, por las temáticas del aborto, la libertad de conciencia; los jóvenes también tienden más hacia esa opción que los mayores. En cambio, sobre todo los mayores de 55 años, son relativamente más afines al ‘A favor’”.
La inmigración es otro de los temas que más preocupa a los chilenos, ante un exponencial aumento del fenómeno. En la nueva propuesta, se incluye la expulsión de inmigrantes "en el menor tiempo posible" que hayan "ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos", dice. La propuesta no genera mayores divisiones.
¿Por qué hay algunos conservadores y liberales que se oponen?
Por último, dentro de los puntos más debatidos, sobre todo en el ala conservadora y liberal, están los derechos sociales y la injerencia del Estado en la garantía de estos. La carta constituye a Chile como un "Estado social". Esto compromete al Estado a interferir en algunas libertades de los ciudadanos, y a fortalecerse como ente máximo.
Quienes abogan por un fortalecimiento del Estado, sobre todo las facciones izquierdistas, ven con buenos ojos algunos de los derechos a los que se compromete. Pero quienes están a favor de la libertad individual y la reducción del gasto público, se oponen.
Por ejemplo, el texto aduce que "el Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección, recuperación y cuidado de la salud y de rehabilitación de la persona en todas las etapas de la vida (...) Es deber del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas.". Los detractores argumentan que la constitución le obliga al Estado a intervenir en el sistema de salud para garantizar que sus objetivos se cumplan.
En cuanto a la educación, sucede algo similar. La constitución le obliga al Estado a cumplir varias demandas educativas que a algunos sectores consideran como excesivas como "fortalecer la educación en todos los niveles (...) es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito (...) la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto (...) corresponderá al Estado asegurar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica y ta creación artística".
Entre otras cosas, la nueva constitución le obliga al Estado a "promover la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. Asimismo, fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento". Algunos se preguntan por qué el Estado debería financiar manifestaciones culturales.
Finalmente, quienes defienden una reducción de gasto fiscal, sobre todo las partes más liberales del país, critican el artículo 16 punto 29, que menciona que el "Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley." Estos sectores argumentan que el Estado se sentirá legitimado para aumentar la recaudación de impuestos para financiar la construcción de vivienda pública.
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Ante la controversia que genera la nueva constitución, los chilenos tendrán la opción de aprobarla o rechazarla este domingo. Cabe mencionar que la votación en Chile, desde el 2022 es obligatoria. Todos quienes estén inscritos y sin ningún tipo de inhabilidad deberán presentarse a sufragar en cada elección en la que sean convocados, o de lo contrario se expondrán a pagar multas de hasta 227 dólares.
