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La Fiscalía Perú decidió extender la investigación preliminar conocida como "Caso Rólex", sumergiendo aún más en la controversia a la presidenta Dina Boluarte.
Este giro se da en un contexto de incertidumbre acentuada por el hallazgo de varios relojes de lujo y otros objetos de alto valor pertenecientes a la mandataria.
La expansión de esta investigación fue formalizada después de que se realizaran allanamientos tanto en el Palacio de Gobierno como en la residencia de la presidenta, ubicada en Surquillo (Lima).
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Estos operativos tuvieron como objetivo principal la búsqueda de tres relojes Rólex, los cuales forman parte de una colección de al menos 15 piezas de joyería de alta gama.
Juan Carlos Villena, el Fiscal de la Nación, informó sobre esta decisión ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, aunque optó por reservarse ciertos detalles.
La ampliación de la investigación abarca tres aspectos críticos, iniciando con un notable incremento patrimonial de Boluarte, quien registró un aumento de más de 432 mil soles en su declaración de bienes y rentas en solo dos años.
Además, se investiga la posesión de una pulsera de la marca Cartier, valorada en 53 mil dólares, junto con otras joyas cuyo valor superaría el medio millón de dólares.
Otro punto de interés son los depósitos por un total de un millón 100 mil soles en las cuentas bancarias de Boluarte, de origen aún desconocido, realizados durante su periodo como ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social.
Mientras tanto, en el ámbito legislativo, Boluarte busca excusas para evitar comparecer ante el Congreso, a pesar de haber sido invitada para esclarecer el origen de los tres Rólex.
A través de comunicados y oficios, la presidencia argumenta compromisos previos y el principio de que, al ser objeto de investigación por la Fiscalía, no debe declarar ante el Parlamento.
Esta situación ha llevado a que el fiscal Villena explicara en la Comisión de Fiscalización que la negativa a adelantar la declaración de la presidenta se debe a la ampliación del marco de investigación con nuevos hechos, lo que requiere una preparación defensiva adicional sobre las recientes acusaciones.
El caso también ha puesto en la mira al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien será citado por su posible relación con el caso Rólex.
Esta inclusión responde a las demandas de ciertos congresistas que señalan la adquisición por parte de Oscorima de un Rólex del mismo modelo que Boluarte solía usar.
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En el desarrollo de esta compleja trama, la Fiscalía no descarta presentar una denuncia constitucional ante el Congreso si se encuentran responsabilidades por parte de Boluarte en el caso.
Además, se ha aclarado que el coronel PNP Harvey Colchado no administra directamente la investigación, asegurando que la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) solo brinda apoyo a los fiscales.
Este caso ha llevado a que se plantee la solicitud de facultades de comisión investigadora por parte de la Comisión de Fiscalización contra Dina Boluarte, aunque esta propuesta enfrenta divergencias y será revisada en la próxima sesión.
