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El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno catalán, afirmó este sábado que da por "imposible" cualquier diálogo con Madrid o mediación internacional, tal y como pide el ejecutivo regional, y promoverá movilizaciones callejeras para que se declare ya la independencia.
"No hay diálogo posible, no hay mediación posible", dijo a la prensa en Barcelona Núria Gibert, portavoz del secretariado nacional de la Candidatura de Unidad Popular.
La portavoz criticó duramente la estrategia del presidente regional catalán Carles Puigdemont.
El pasado martes ante el Parlamento catalán, éste declaró unilateralmente la independencia pero la suspendió de inmediato, como "gesto" de buena voluntad con el que propiciar un diálogo con Madrid o incluso una mediación.
El gobierno central de Mariano Rajoy no quiere ni oír hablar de una mediación que lo pondría en pie de igualdad con el ejecutivo regional. Y ha dado de plazo a Puigdemont hasta el lunes a las 10 de la mañana (08H00 GMT), para que responda claramente a la pregunta de si declaró o no la independencia.
Si responde que sí, el ejecutivo español está dispuesto a intervenir la autonomía de Cataluña, que goza de amplias competencias en materia de educación y sanidad y cuenta con su propia policía, los Mossos d'Esquadra.
A la vista de todo esto, la portavoz de la CUP dijo que desde su partido "damos por imposible el diálogo".
Por ello, "exigimos que la respuesta del señor Puigdemont el lunes sea nítidamente afirmativa".
"Que levante la suspensión (de la declaración de independencia) y haya un acto solemne e inteligible para la ciudadanía de proclamación de la República", este mismo lunes, añadió.
Igualmente, y como parte de la presión, anunció que su partido trabajará "para que la semana que viene haya movilizaciones en todo el país", es decir por toda Cataluña.
La CUP cuenta en el Parlamento regional con 10 diputados, fundamentales para la coalición de gobierno catalana, que por sí sola no llega a la mayoría absoluta, al contar con 62 diputados de un total de 135.
Los independentistas consideran como un "mandato" el resultado del referendo de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la justicia española.
Pese a que no contó con las exigencias habituales (no hubo junta electoral ni se garantizó el voto secreto), el gobierno catalán lo da por válido, y asegura que en él hubo un 90% de síes a la independencia, con una participación del 43%.
Con información de AFP
