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Mineros, productores agrícolas de hoja de coca y organizaciones sindicales protagonizaron protestas en varias ciudades de Bolivia para rechazar la eliminación de la subvención estatal a los combustibles, una medida que provocó fuertes alzas en los precios de la gasolina y el diésel tras más de dos décadas de control estatal.
Las movilizaciones, encabezadas por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), están dirigidas contra el decreto 5503 del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta así su primer conflicto social desde que asumió el poder en noviembre.
Los manifestantes advierten que el incremento en los precios de los combustibles encarecerá el transporte, los alimentos y el costo de vida, afectando principalmente a los sectores de menores ingresos y a quienes dependen del trabajo diario.
El decreto 5503 elevó los precios hasta en un 86 % para la gasolina y un 162 % para el diésel. El Gobierno justificó la decisión señalando el alto costo fiscal del subsidio y anunció medidas compensatorias, entre ellas un aumento del salario mínimo.
La movilización más multitudinaria se registró en La Paz, donde mineros cooperativistas llegaron desde distintas regiones del país y marcharon desde la ciudad de El Alto hasta el centro político de la capital, coreando consignas como “No al gasolinazo”.
“Esta marcha se ha convocado para derogar este decreto que atenta contra los derechos de todos los bolivianos”, declaró a la agencia EFE el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Josué Richard Kari Kari.
El dirigente advirtió que, si el Ejecutivo no retrocede, “vamos a continuar con medidas”. En la misma línea, el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz, Alfredo Yanarico, afirmó que la eliminación del subsidio “afecta a toda la población”, en especial a quienes viven del ingreso diario.
“Espero que el compañero presidente pueda entrar en reflexión y conocer cuál es el sector verdaderamente cooperativista en este país”, expresó Yanarico.
El avance de los mineros generó momentos de tensión con algunos ciudadanos, que los increparon con gritos como “¡paguen sus impuestos!” y “¡ladrones!”, mientras otros los vincularon con el anterior partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Desde la COB rechazaron que las protestas tengan un trasfondo político. “No es política”, afirmó su secretario ejecutivo, Mario Argollo, en declaraciones a EFE. “Es un movimiento reivindicativo”, subrayó.
“Los bolivianos a futuro vamos a pagar la factura, porque no solamente es el tema de la subvención, hay muchos temas que tenemos que tocar y seguro en el escenario pertinente lo vamos a hacer notar”, añadió Argollo.
Las protestas también se extendieron a Cochabamba, donde juntas vecinales, campesinos y cocaleros marcharon y bloquearon calles durante varias horas con carteles que decían “No al gasolinazo”.
Resolver la escasez de combustibles fue una de las principales promesas de campaña de Paz, aunque analistas advierten que una solución inmediata es poco probable.
Al anunciar el decreto la semana pasada, Paz defendió la medida asegurando que heredó un país en una crisis profunda, con reservas internacionales agotadas, escasez de dólares y combustibles, y un Estado “vaciado desde adentro” tras dos décadas de gestión del MAS.
“Hemos tomado una decisión central, proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado”, sostuvo entonces el mandatario.
Durante más de 20 años, el precio del litro de diésel y gasolina se mantuvo en 0,53 dólares, lo que representó para el Estado un costo superior a los 2.000 millones de dólares, según datos citados por la agencia EFE.
Con la entrada en vigor del decreto, la gasolina especial pasó a costar 6,96 bolivianos por litro (un dólar), la gasolina premium 11 bolivianos (1,58 dólares), el diésel 9,80 bolivianos (1,40 dólares), la gasolina de aviación 10,57 bolivianos (1,51 dólares) y el jet fuel 10,74 bolivianos (1,54 dólares). Estos precios regirán inicialmente por un período de seis meses.
El paquete económico impulsado por el Gobierno recibió el respaldo de Estados Unidos, que calificó las reformas como un giro necesario para atraer inversión extranjera y estabilizar la economía boliviana.
