La FM en Google News
Paola Ugaz, periodista peruana que reveló los abusos en el seno de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), añadió un nuevo escollo legal a los dos procesos y varias demandas que existen en su contra después de que la fiscalía decidiera investigarla por un presunto delito de lavado de activos.
El Ministerio Público decidió acumular varias denuncias publicadas por medios afines al SVC a la investigación que se sigue contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014) por corrupción y abrir "diligencias preliminares" en su contra, lo que a juicio de la periodista no constituye más que otro acto de "hostigamiento" en su contra avalado por la Justicia peruana.
Las denuncias mediáticas contra Ugaz apuntan, sin haber mostrado prueba alguna, a que mientras ésta era empleada de la Municipalidad de Lima bajo la administración de Villarán, habría viajado en numerosas ocasiones a Panamá para recibir y trasladar pagos ilícitos de empresas destinados a financiar la campaña electoral de la alcaldesa para evitar su destitución en 2013.
En otras ocasiones, los mismos medios acusaron a Ugaz de formar parte de una trama de contrabando de uranio y plutonio en coordinación con la familia del premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Le puede interesar: Presidenciales en Ecuador: las opciones para remplazar a Lenín Moreno
"Lo que dicen esos medios en mi contra, que son difamaciones vertidas en una historia mal hecha y traída de los pelos ya es una cosa de locos, pero que abran una investigación usando eso no es más que otro intento de hostigamiento psicológico y personal, que en este caso está usando a la fiscalía", indicó Ugaz en declaraciones a Efe.
HACE "CUAC CUAC"
La fiscalía peruana tiene potestad para iniciar diligencias preliminares sobre cualquier persona bajo la mera sospecha de existir un acto delictivo y como paso previo a corroborar la misma.
Básicamente, este paso habilita al Ministerio Público a interrogar a la persona de la que se sospecha para corroborar si existen realmente indicios de un delito.
"Afirman que lavé dinero, pero no se da ni un nombre, ni un dato de bancos, ni de gente con la que hice tratos... Presentan mensajes de Whatsapp escritos en Word, y eso lo aceptan como sospecha", señaló Ugaz.
"Desde que nos demandó el arzobispo de Piura (José Antonio Eguren, miembro del SVC) en 2018 mi vida es la del 'día de la marmota'... siempre nuevos casos, ataques legales, ataques en redes, ataques en el trabajo, amenazas de muerte, y eso no se detiene", añadió.
Lea también: UE pide a Biden retirar a Cuba de lista de países patrocinadores del terrorismo
Ugaz, quien está preparando un segundo libro sobre el SVC, que se centra en sus irregularidades económicas, apuntó que todos estos ataques que afronta gravitan siempre en torno a esa organización, cuya influencia en un país mayoritariamente conservador como Perú es notable.
"Y si tiene pico, patas y dice cuac,cuac, pues solo hay eso. Me demandan los mismos, por lo mismo", razonó.
FISCALÍA SE INHIBE SOBRE AMENAZAS
Ugaz se mostró sorprendida por el hecho de que la fiscalía haya aceptado como "cierto" los dichos de unas publicaciones que, de hecho, también han cargado con ataques al propio Ministerio Público y se preguntó entonces "por qué no toman como cierto esos dichos también".
"En las acusaciones no hay el menor asomo de verdad. Solo es cierto que mi nombre es Paola. Y más aún, esta misma fiscalía es la que se inhibe de investigar las amenazas de muerte que he recibido y los ataques y acoso a mi familia mientras me abre investigación por lavado de activos", se lamentó.
Para la periodista, el problema no es sólo "que nada de lo que está ahí es verdad", sino que la fiscalía "les abrió la puerta, y como siguen enviando cosas allí, tengo que dar respuestas a una novela de ficción".
En otras noticias: Buscan eliminar el término 'raza' de la Constitución alemana
Esta situación de Ugaz es uno de los casos emblemáticos de la situación de los periodistas y los medios de comunicación peruanos, que sufrieron durante 2020 la mayor cantidad de ataques en el ejercicio de su profesión en lo que va de este siglo, según un informe de la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) publicado en enero.
