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Ad portas de la reforma pensional que prepara el Gobierno para el próximo año, Fasecolda -el gremio de las aseguradoras- puso sobre la mesa el desbalance financiero al que se ve enfrentado el sistema por cuenta de las decisiones judiciales.
Particularmente, advierte que tras la expedición del decreto 1227 de 2015 que permite que un sector de la población pueda cambiar su género en el registro civil ante una notaría,ocasiona en el sistema pensional incertidumbre, desbalance o, incluso, amenazas de fraude.
Eldirector deSeguridad Social de Fasecolda, Mario Cruz, explica que en el caso de cambio de género de hombre a mujer, abre la puerta para que se anticipe la asignación de la pensión ya que entre un género y otro hay una diferencia de cinco años, teniendo en cuenta que una mujer se pensiona a los 57 años y un hombre a los 62.
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"Qué pasa cuando un hombre que se ha cambiado a mujer cumple los 57 años ¿Esta persona se va a pensionar como hombre o mujer? Eso tiene implicaciones en el sistema y desconoce la realidad biológica que es que más allá de cómo se sienta la persona", añadió.
De la misma manera advirtió que cuando un hombre se cambia a mujer en el sistema privado la pensión le cuesta un 15% más.
"Una de las cosas que hemos mencionado es que es de vital importancia realizar la institucionalidad del sistema pensional en Colombia, porque a este le meten la mano de muchas maneras diferentes actores desde las distintas ramas del poder público y también los actores privados", dijo Cruz.
Las cifras
Según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, desde el 2015 y hasta abril pasado 1.440 personas cambiaron su componente de sexo masculino a femenino, mientras en el mismo periodo, 436 lo hicieron de femenino a masculino.
Los departamentos en los que ha habido una mayor demanda sobre este trámite son Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.
En ese sentido Clara Reales, vicepresidente jurídica de Asofondos, aseguró que el centro de la discusión está en la regulación que debe tener este proceso para evitar futuros fraudes.
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" Yo creo que si la puerta de entrada que es el cambio de género tiene la regulación adecuada para evitar estos cambios por razones utilitarias, podría evitar cualquier fraude no solo en pensiones", dijo.
Revisar implicaciones
Entre tanto Milton Moreno, experto en temas pensionales, aseguró que en la reforma se debe revisar el tipo de implicaciones legales que traen estos trámites.
"Nosotros creemos que este es un asunto que se debe revisar en la reforma pensional. Estamos totalmente de acuerdo que este tipo de normas y decretos atribuyen a la inclusión; sin embargo, hay que revisar no solamente en el ámbito del otorgamiento de derechos sino el tipo de implicaciones legales que este tipo de trámites trae", precisó.
De la misma manera señaló que "cuando un hombre decide cambiarse su sexo, la ley no es clara es decir si a esta persona se le va a exigir 57 o 62 años para pensionarse. Otra cosa que es importante la estimación de las pensiones, ya que ésta se hace calculando la expectativa de vida de la persona porque así sabemos cuánto tiempo va a tener la pensión; esto altera los cálculos" , manifestó Moreno.
¿ Qué dicen las personas trans?
Frente a este debate, Colombia Diversa señaló que el planteamiento de conservar el sexo biológico para poder recibir o no una pensión es discriminatorio, teniendo en cuenta que ser una persona trans es una decisión de vida.
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Sin embargo, la organización no desconoce que se puedan presentar fraudes para obtener la pensión de manera anticipada, aunque aclara que esto no sería por parte de personas trans sino de inescrupulosos quieran sacar provecho de la situación, como pasa en todos los sectores.
Laura Weins, representante de la comunidad trans, asegura que este debate está basado prejuicios: "Si una persona cambia su género en su documento de identidad eso no afectaría para nada el sistema. Creo que eso está más basado en el prejuicio teniendo en cuenta la mayoría de las personas trans ni siquiera cotizan en el sistema pensional".
Es de mencionar que el gasto en pensiones supera los 40 billones de pesos al año; es decir, el doble de lo que vale el sistema subsidiado de salud. Por lo que los gremios insisten que en la reforma pensional que se avecina no se deben omitir los impactos que tienen las decisiones judiciales sobre el sistema.
