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Los rankings internacionales son un barómetro crucial para evaluar la salud y sostenibilidad del sistema pensional de un país. Ofrecen una perspectiva comparada sobre su capacidad para garantizar una vejez digna a sus ciudadanos, analizando factores clave como los ingresos en la vejez, la calidad de vida, la salud y el bienestar material. En este contexto, la posición de Colombia en estudios recientes revela un panorama preocupante que demanda atención urgente.
Dos análisis de alta relevancia confirman esta situación:
El Índice Global de Jubilación 2024, elaborado por Natixis Investment Managers, sitúa a Colombia en el puesto 43 de 44 países evaluados, superando únicamente a Brasil. Este estudio evalúa factores integrales, siendo el bienestar material el área de peor desempeño para el país.
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El Índice Global de Pensiones 2024 de Mercer y el CFA Institute otorga a Colombia una puntuación de 63 sobre 100, un puntaje moderado que lo ubica en una posición media dentro del listado. Si bien este informe es menos severo, coincide en que el sistema necesita transformaciones profundas en sostenibilidad, cobertura y equidad.
Aunque el puntaje de Mercer sugiere mediocridad en lugar de una crisis total, refuerza el hallazgo de Natixis al destacar debilidades fundamentales en la sostenibilidad, cobertura y equidad del sistema. En conjunto, estos estudios dibujan un panorama desalentador, subrayando las debilidades estructurales que comprometen la capacidad del sistema para ofrecer pensiones adecuadas.
El “bienestar material”, una de las mayores preocupaciones
En el contexto de la jubilación, el “bienestar material” no se refiere simplemente a la capacidad de recibir una pensión, sino a que el monto de esta sea suficiente para sostener una vida digna, cubriendo necesidades básicas y permitiendo una vejez tranquila y segura. Es precisamente en este indicador donde Colombia presenta sus mayores debilidades.
Según el informe de Natixis, el desempeño del país en el componente de bienestar material es alarmantemente bajo, alcanzando apenas el 11% del puntaje posible. La implicación directa de esta cifra es contundente: incluso para aquellos ciudadanos que logran cumplir los requisitos para pensionarse, el monto que reciben es, en muchos casos, insuficiente para cubrir sus gastos fundamentales.
Esta insuficiencia de los montos pensionales no es un problema aislado, sino un síntoma de problemas estructurales más profundos que afectan la cobertura y la equidad del sistema en su totalidad.
Los problemas estructurales del sistema colombiano
El sistema pensional colombiano, creado en 1993, opera bajo una estructura dual: el Régimen de Prima Media (RPM), un fondo común administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), basado en cuentas de capitalización individual gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A pesar de su diseño, el sistema enfrenta desafíos estructurales que limitan su eficacia y alcance.
Los problemas clave identificados son:
Baja cobertura: Menos de la mitad de la población ocupada realiza cotizaciones al sistema. Concretamente, solo el 43% de los trabajadores aporta, lo que significa que la mayoría no está acumulando los ahorros necesarios para su retiro.
Alta informalidad laboral como causa principal: Este fenómeno impide que millones de trabajadores coticen de manera estable, siendo la causa directa de la baja cobertura y la imposibilidad de cumplir con las semanas requeridas para jubilarse.
Tope máximo de la pensión: El sistema establece un límite máximo de pensión de 25 salarios mínimos. Para el año 2024, esto equivale a aproximadamente 32,5 millones de pesos mensuales. Si bien es una cifra elevada, restringe los beneficios para quienes han cotizado sobre ingresos altos durante toda su vida laboral, y es un monto solo alcanzable para una minoría reducida.
Ante estos desafíos sistémicos, se ha propuesto una reforma con el objetivo de corregir estas deficiencias.
¿Será la reforma pensional la solución?
La reforma pensional surge como la respuesta del Gobierno a la crisis estructural del sistema, con el objetivo principal de construir un modelo más equitativo, sostenible y con mayor cobertura.
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Es importante aclarar que, aunque la reforma ya fue aprobada por el Legislativo, aún no ha entrado en vigor. Su implementación definitiva está pendiente de un fallo de la Corte Constitucional que revise su constitucionalidad.
Uno de los cambios más significativos que introduce es la creación de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), entidades que se encargarán de gestionar los aportes de los trabajadores que ganen más de 2,3 salarios mínimos mensuales.
