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Pese a la lluvia de críticas de varios sectores, la plenaria del Senado aprobó con 54 votos a favor y 30 en contra el polémico artículo 125 incluido en el proyecto de Presupuesto de 2022 que modifica la Ley de garantías y permite a los funcionarios públicos la contratación en plena época electoral.
Según dice el texto de la ponencia que llegó para el segundo y último debate de esta iniciativa, se hará una vigilancia especial por parte de la Contraloría a los contratos que se ejecuten.
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“Todos los convenios que se suscriban bajo el amparo de la presente disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. El Contralor General de la República determinará, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la forma en que se ejercerá dicho control especial”, dice el artículo.
Este artículo señala que , “a partir de la publicación de la presente Ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.
Según explicó en su momento el ministro José Manuel Restrepo, con este artículo no se suspende la Ley de garantías, sino que se permite la contratación en infraestructura vial, proyectos de agua potable, entre otros para que no se frenen por cuenta de las elecciones y para que no afecten el proceso de reactivación.
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“No se está eliminando la Ley de garantías, simplemente se está permitiendo temporalmente el uso de convenios interadministrativos”, dijo Restrepo.
Cabe mencionar que en la en la Cámara de Representantes el Gobierno aceptó la proposición del representante del Centro Democrático Gabriel Santos, para eliminar el polémico artículo 104 que permitiría el próximo año el traslado exprés a Colpensiones de más de 19 mil personas. La proposición aún no ha sido avalada.
