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El aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional, continúa generando controversia en distintos sectores económicos y sociales del país. Aunque la medida fue presentada como un avance para proteger el ingreso de los trabajadores, expertos advierten que el impacto podría sentirse con fuerza en el sistema pensional, especialmente entre quienes aspiran a pensionarse con un salario mínimo.
El pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro oficializó mediante decreto el nuevo salario mínimo legal mensual, que quedó en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Con este último, el ingreso total mensual asciende a $2.000.000, lo que representa un aumento cercano al 24 % frente a 2025, uno de los incrementos más altos registrados en la historia reciente de Colombia.
Sin embargo, el anuncio se dio en medio de la declaratoria de emergencia económica, lo que despertó críticas por parte de gremios y analistas que advierten posibles efectos negativos sobre el empleo, la informalidad y el costo de vida.
El efecto del aumento en el empleo y la informalidad
Tras el anuncio, varios sectores expresaron su preocupación. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien aseguró que el mayor impacto lo sufrirán los trabajadores informales.
Según explicó, entre 11 y 13 millones de colombianos no recibirán el aumento del salario mínimo, pero sí deberán enfrentar un encarecimiento general de bienes y servicios.
“Estas personas no van a ver reflejado el incremento en sus ingresos, pero sí sentirán un aumento importante en su canasta básica”, advirtió el dirigente gremial.
Pensionarse sería más difícil: las 1.150 semanas ya no alcanzarían
El debate tomó mayor fuerza luego de las advertencias de Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien alertó que el aumento del salario mínimo también eleva el costo de las pensiones mínimas, lo que obliga a los trabajadores a ahorrar más para poder pensionarse.
De acuerdo con Velasco, un salario mínimo más alto implica que la pensión equivalente también sea más costosa. En el régimen de ahorro individual, donde la pensión depende del capital acumulado, esto significa que el monto necesario para financiar una mesada vitalicia aumentó de forma considerable.
Mientras antes se requerían cerca de $350 millones para acceder a una pensión mínima, ahora el capital necesario rondaría los $460 millones. Esta diferencia obligaría a muchos trabajadores a permanecer entre 2 y 3 años adicionales en el mercado laboral, aun cuando ya hayan completado las 1.150 semanas de cotización.
“Cada vez que el salario mínimo sube por encima de la inflación, se eleva la exigencia para quienes buscan pensionarse con un salario mínimo”, explicó Velasco.
Más años de trabajo y pensiones más bajas
El panorama se complica aún más con el decreto expedido el 31 de diciembre, que modificó las reglas de los seguros previsionales. Según Asofondos, esta decisión incrementa la carga financiera sobre los afiliados y pone en riesgo el aseguramiento de las pensiones, especialmente para trabajadores de ingresos medios y bajos.
Velasco advirtió que el aumento del salario mínimo se dio “por encima de la inflación y de la productividad”, sin una compensación proporcional en el sistema pensional. Esto, según el gremio, podría traducirse en menos personas pensionadas y mesadas más bajas.
Incluso quienes lograban ahorrar más del mínimo requerido podrían verse afectados. De acuerdo con Asofondos, trabajadores que antes aspiraban a una pensión de dos salarios mínimos ahora podrían terminar recibiendo apenas uno y medio, debido a que el Gobierno no compensaría el efecto del aumento salarial en las pensiones.
Un debate que marcará la agenda de 2026
El Gobierno ha defendido estas decisiones señalando que buscan corregir distorsiones técnicas, garantizar la sostenibilidad fiscal y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos destinados a las pensiones mínimas.
No obstante, expertos coinciden en que la discusión revela un problema estructural del sistema pensional colombiano: cómo equilibrar el aumento del salario mínimo, la protección del poder adquisitivo de los pensionados y la viabilidad financiera de los fondos de ahorro individual.
Mientras tanto, desde Asofondos se insiste en que este tipo de medidas podrían trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, obligándolos a cotizar y trabajar más años para asegurar una pensión mínima.
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