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En 2016, la propuesta para eliminar el cobro por reconexión de servicios públicos avanzó en la Comisión Sexta de Cámara y se daba por sentado que el pago que los colombianos tienen que hacer para que le reconecten sus servicios públicos domiciliarios, medida tomada cuando se presentan moras en el pago del mismo, iba a ser abolido.
"Celebramos este gran avance porque lo que queremos es aliviar la situación de miles de colombianos, principalmente los de estratos más bajos de la población, que a diario ven frustrada la posibilidad de disfrutar de los servicios públicos esenciales para llevar una vida digna, debido a que no tienen con qué pagar los altos costos que las empresas cobran por concepto de reconexión o reinstalación", afirmo entonces el congresista Lidio García Turbay.
El proyecto estaba a punto de convertirse en ley, pero el presidente del momento, Juan Manuel Santos, no lo sanciónó argumentando que “las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o la reinstalación del servicio”.
En 2017 hubo un nuevo intento del senador bolivarense y presentó de nuevo el proyecto para eliminar el cargo por reconexión de los servicios públicos domiciliarios, en los estratos 1, 2 y 3.
"Es lamentable la decisión del Presidente de quitarle a millones de colombianos la posibilidad de liberarse de un cargo injusto por parte de las empresas de servicios públicos que, además de prestar un mal servicio en muchos casos, tienen tarifas elevadas. En el mes de marzo, cuando comience la próxima legislatura, estaremos listos para seguir con la defensa de nuestra iniciativa", aseguró el senador García Turbay en ese segundo intento.
"Con mi equipo jurídico vamos a utilizar todas las herramientas legales para conseguir nuestro objetivo, hay mucha jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que el cargo de reconexión no hace parte de los cargos básicos y de consumo, que son los que permiten la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos", agregó.
El Congreso de la República no aceptó los argumentos del presidente de la República y lo envió a la Corte Constitucional, tribunal que devolvió el proyecto bajo el argumento de que no conoció la conciliación que del mismo se hizo en Senado. Así las cosas, este último le envió el proyecto a la Corte y será éste quien decida si los colombianos dejan de pagar por este servicio.
