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La Ley 2466 de 2025, con la que entró en vigencia la reforma laboral, introdujo importantes cambios en materia de derechos individuales en el trabajo, pero también en el ámbito colectivo.
Uno de los cambios más relevantes recae en el régimen sindical, con la modificación del numeral 10 del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo (CST).
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Esta disposición regula el contenido de los estatutos sindicales, introduciendo cuestiones relativas al funcionamiento de la asamblea sindical en aspectos que antes eran potestad discrecional de cada organización, pero que ahora pasarán a convertirse en requisitos sujetos a control jurídico.
Por ello, los sindicatos deben garantizar que sus estatutos se ajusten a los estándares legales, y así evadir posibles sanciones o nulidades.
Estos son los cambios para los sindicatos que trae la reforma laboral
La nueva norma obliga a los sindicatos a incluir en sus estatutos una serie de contenidos mínimos mucho más detallados y precisos de lo que se exigía anteriormente. En esencia, la reforma exige una formalización rigurosa de las reglas de deliberación interna y de convivencia, exigiendo que los estatutos sindicales incluyan de manera explícita y detallada los siguientes elementos:
- Régimen de funcionamiento de la asamblea sindical: normas claras que regulen la máxima instancia de decisión del sindicato.
- Atribuciones exclusivas de la asamblea: una delimitación precisa de las competencias que solo pueden ser ejercidas por la asamblea general de afiliados.
- Incorporación de medios tecnológicos: reglas para el uso de herramientas digitales en la dinámica deliberativa y en los procesos de votación.
- Periodicidad de las reuniones: definición de la frecuencia con la que se deben celebrar las asambleas ordinarias y extraordinarias.
- Reglas de representación de los afiliados: criterios claros sobre cómo se ejercerá la representación de los miembros en las diferentes instancias.
- Reglamento de las sesiones: procedimientos específicos que gobernarán el desarrollo de las asambleas y otras reuniones formales.
- Quórums requeridos: determinación del número mínimo de asistentes y votantes necesarios para la toma de decisiones válidas.
- Estructura de los debates: normas que ordenen las intervenciones y garanticen una deliberación organizada.
- Normas de votación: procedimientos explícitos para emitir y contabilizar los votos, asegurando su integridad.
El papel del Gobierno y la Rama Judicial
El Estado, a través de sus distintas ramas, tiene una función de supervisión y guía para asegurar una transición ordenada y legalmente sólida hacia el nuevo modelo.
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En primer lugar, estas entidades tienen la función fundamental de emitir lineamientos, criterios interpretativos y resoluciones para clarificar el alcance de la ley. El objetivo de estas directrices es armonizar el ejercicio de la autonomía sindical con los principios constitucionales de democracia y participación, así como con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.
En segundo lugar, el Estado tiene una función de supervisión reforzada, ya que la ley exige que ciertas modificaciones estatutarias obtengan aprobación administrativa, lo que obliga a las autoridades a verificar activamente el cumplimiento de los nuevos parámetros legales.
