Presupuesto para 2026 será de $534,7 billones, anunció el Gobierno

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante el consejo de ministros la propuesta de presupuesto general para el año 2026, que asciende a $534,7 billones, superando en $13,5 billones la cifra inicialmente proyectada que fue de $521,2 billones.

“Este primer cuadro que presentamos al Consejo de Ministros nos muestra las variaciones entre los acumulados de variaciones desde el año 2018 hasta el año 2026 sobre la estructura general del presupuesto de gastos del gobierno”, destacando un crecimiento relevante en los gastos de funcionamiento, que aumentan en 13,2%, al pasar de $321,8 billones en 2025 a $364,6 billones en 2026.

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Uno de los componentes más rígidos del gasto es el de las transferencias, que suben de $237,3 billones a $273,9 billones, un incremento del 9,08%. El sistema general de participaciones, por ejemplo, pasará de $36,7 billones en 2018 a $88,3 billones en 2026, reflejando la obligatoriedad y el crecimiento constante de estos recursos destinados a los territorios.

El ministro subrayó que “las transferencias que se realizan a través del sistema general de participaciones son transferencias de ley, que son obligatorias (…) y no pueden ser variadas por el gobierno”, lo cual marca una de las principales rigideces del gasto público.

Otros rubros con fuerte incidencia en el presupuesto son:

• Sistema pensional, con un total de $87,4 billones, incluyendo Colpensiones, Fuerzas Armadas, magisterio y demás regímenes especiales.
• Sistema de salud, que alcanzará $51,3 billones en 2026, como parte del esfuerzo por garantizar cobertura nacional.

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Adicionalmente, se asignarán $99,3 billones al servicio de la deuda, y $81,9 billones a inversión pública, que comprenden ejecución de proyectos estratégicos, infraestructura, educación superior y obligaciones judiciales.

La propuesta será sometida al Congreso en los próximos meses. El gobierno argumenta que el aumento responde a la necesidad de mantener el cumplimiento legal de las obligaciones, proteger el sistema de seguridad social y garantizar la sostenibilidad fiscal en medio de presiones económicas crecientes.