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La Procuraduría le solicitó a la Aeronáutica Civil revisar el proceso que finalizó con la integración entre las empresas Viva Air y Avianca, que fue autorizado en marzo.
La petición la hizo la procuradora 119 judicial ante el contencioso administrativo, en un documento de 91 páginas, en el que explica que durante el proceso de fusión, se presentaron posibles irregularidades por la participación de los terceros intervinientes.
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Estas empresas que hicieron parte de la negociación como terceros fueron las otras aerolíneas que podrían haberse visto afectadas por esta negociación entre Viva Air y Avianca, por lo que participaron en la discusión con el objetivo de garantizar la competencia económica.
Las aerolíneas tuvieron la oportunidad de interponer recursos sobre el procedimiento que avanzaba entre ambas empresas, lo que para la Procuraduría fue incorrecto, pues debían participar entregando información y no tomando acciones contra la negociación.
Por esto, en el documento, la procuradora judicial resalta que no es lo mismo participar como tercero para aportar información relevante, que como tercero interesado dentro de una investigación "por prácticas comerciales restrictivas de la competencia, sin que ello implique obviar la posibilidad de dar efectiva aplicación a la participación de terceros o a la protección de las reglas de libre competencia".
Resaltó que, en el caso en concreto de Viva Air y Avianca, hay una ley que regula esta participación, en la que se deja en claro que sólo podrán entregar información con respecto al proceso y no para intervenir.
"Reservado para simples terceros facultados para aportar elementos o información, de cara al análisis de una operación de integración empresarial, sin que tengan la connotación de interesados con capacidad de intervención, pues no fueron habilitados de ese modo por el legislador", resalta el documento.
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La Procuraduría resalta que no está en contra del proceso de integración, sino que simplemente intenta velar por las garantías del debido proceso que debe acompañar las acciones que supervisa el Estado.
