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Los representantes de los gremios empresariales en Colombia manifestaron su desacuerdo con la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aseguraron que la consulta popular propuesta para su aprobación es una estrategia política. Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional y de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), expresó su preocupación por los efectos que podría tener la iniciativa en el empleo formal y la economía del país.
En entrevista con La FM de RCN, Sánchez felicitó a los congresistas que votaron en contra del proyecto, a pesar de lo que calificó como presiones del Gobierno. “Tengo que felicitar a los congresistas que tuvieron el valor de, con toda esa andanada que ha hecho el Gobierno y con todos los supuestos regalos que les están ofreciendo, votar negativamente este proyecto porque es antitécnico”, afirmó.
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El dirigente gremial insistió en que la reforma no fue concertada con el sector productivo y que sus preocupaciones no fueron escuchadas. “Nos preocupa que nos dicen que se sientan con nosotros, pero no escuchan. Ellos simplemente toman nota, pero no modifican nada de los proyectos”, señaló.
Pérdida de empleos y aumento de la informalidad
Sánchez advirtió que, según estudios del Banco de la República, la reforma laboral podría generar la pérdida de más de 500.000 empleos directos y afectar sectores clave como el agropecuario y los servicios. “Aquí ya se nos terminó el miedo. Tenemos que entender que el Gobierno hace esto para tratar de unificar sus políticas y sus adeptos. Nosotros estamos defendiendo lo que es técnico”, enfatizó.
Para los empresarios, el verdadero problema radica en la falta de estudios sobre el costo fiscal de la reforma. “El costo fiscal es una obligación de saber cuando se presenta un proyecto. ¿Cuánto cuesta y cómo lo va a asumir el Gobierno en su presupuesto? No se ha hecho ese estudio”, explicó Sánchez.
También criticó algunos de los artículos de la reforma, señalando que la eliminación de los contratos de prestación de servicios afectaría gravemente a varios sectores, incluyendo el estatal. “El Gobierno tiene la mayor cantidad de empleados por prestación de servicios. ¿Nos van a unificar en la nómina? ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Qué va a implicar eso en el sector agropecuario y en los servicios públicos?”, cuestionó.
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Consulta popular y politización del debate
El presidente del Consejo Gremial consideró que la consulta popular que propone el Gobierno busca “anticipar las elecciones un año para tratar de nivelar las cargas”. Explicó que, para que la reforma laboral sea aprobada por este mecanismo, se necesitan 13.3 millones de votos, cifra que considera difícil de alcanzar. “El presidente sacó 11 millones de votos. No tiene ni en este momento la posibilidad de lograr esto en la República”, afirmó.
Para Sánchez, el Gobierno intenta utilizar el debate laboral con fines políticos y desviar la atención de otros problemas. “Claro que movilizar a la gente es política. Quieren activar la política que dentro de un año tendría que estar y ahora la quieren poner hoy”, advirtió.
"No es que no queramos pagar, queremos un debate técnico"
Sánchez rechazó la idea de que los empresarios estén en contra de pagar horas extras o dominicales. “Eso suena bonito, pero esa no es la verdad. Aquí hay artículos peligrosísimos”, dijo, y reiteró que el sector empresarial genera el 80% del empleo formal y está comprometido con mejorar las condiciones laborales dentro de un marco técnico y sostenible.
Finalmente, insistió en que cualquier modificación en la jornada laboral requiere una ley y no se puede hacer por decreto, como ha insinuado el Gobierno. “Si eso fuera por decreto, ¿usted cree que el Gobierno hubiera presentado una reforma laboral para tramitarse en el Congreso?”, concluyó.
