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La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial adelantado en julio de este año.
El organismo de control advirtió que las irregularidades detectadas comprometen la sostenibilidad de la entidad y el acceso a los servicios de salud de sus afiliados.
Durante la diligencia se recolectaron 4.524 archivos con información técnica, administrativa, jurídica y financiera correspondiente a las vigencias 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025. Según la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), los hallazgos preliminares muestran problemas en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
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“Se evidenció un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, un aumento del 155% que afecta la liquidez de la entidad”, indicó la Contraloría.
En lo corrido de 2025, la cifra llegó a $15,27 billones, con $143 mil millones de recursos sin legalizar desde hace más de dos años.
Otro de los puntos críticos tiene que ver con la facturación. “Se encontraron 22,7 millones de facturas sin procesar por un valor de $22,1 billones, de las cuales 9,1 millones estaban repetidas”, precisó el organismo. Al depurar los registros, quedaron pendientes por revisión facturas por $13,2 billones, la mayoría correspondientes a 2024 y el primer semestre de 2025.
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La Contraloría también alertó que en 36 prestadores de salud se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, lo que aumenta el riesgo fiscal. Además, señaló que “la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud”.
En materia de contratación, el ente de control advirtió que no se entregaron soportes completos de varios acuerdos con prestadores, incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
Otro de los hallazgos se refiere a las cuentas por pagar. “Con corte a marzo de 2025, estas alcanzan $21,37 billones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del sistema en general”, explicó la Contraloría.
Finalmente, sobre las reservas técnicas, se detectó una subestimación de pasivos por $11,1 billones a diciembre de 2024, junto con falta de soportes en autorizaciones y facturas.
La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, que determinará los procedimientos de control fiscal correspondientes, y a las autoridades competentes en caso de responsabilidades disciplinarias o penales.
