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El presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, anunció que el gremio está evaluando la posibilidad de interponer una demanda contra el Gobierno, tras la decisión de suspender por tres años el cumplimiento de la regla fiscal mediante la activación de la cláusula de escape.
Sánchez advirtió que esta medida podría tener consecuencias negativas para la economía del país, al señalar que “se nos van a encarecer los créditos, nos van a bajar las calificadoras de riesgo nuestra calificación y esto hace que el sector productivo, sin hacer nada malo, pierda rentabilidad”.
El dirigente gremial explicó que está iniciando un estudio formal para determinar el impacto económico y social de la decisión. “Cuando usted hace una norma, tiene que ver cuál es el impacto que tiene sobre la economía y sobre la sociedad. En este caso específico lo que estamos viendo es que es más negativo que positivo”, afirmó.
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Sánchez también cuestionó el procedimiento utilizado por el Gobierno, al considerar que la medida equivale a una reforma tributaria que no fue tramitada por el Congreso. “Esto debía ser tramitado a través del Congreso de la República, que es el que debe tomar decisiones tan importantes como esta”, señaló.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, expresó su preocupación frente a la decisión del Gobierno Nacional de activar la cláusula de escape para suspender la regla fiscal, una medida que, según indicó, no cuenta con los fundamentos técnicos ni las condiciones exógenas necesarias para su aplicación.
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Rodríguez reiteró que la Contraloría ha venido haciendo observaciones desde los presupuestos de 2023 y 2024, las cuales, según afirmó, se han reflejado en el panorama fiscal de 2025. “Lamentablemente, lo que la Contraloría ha observado durante el año 2023 y 2024 se ha reflejado ahora en el 2025”, señaló.
El jefe del ente de control manifestó que, aunque respeta la decisión del Ejecutivo, no ha encontrado justificaciones suficientes que sustenten la activación de esta herramienta legal, diseñada para situaciones excepcionales. “Desde el punto de vista de la Contraloría General de la República no hallamos los suficientes soportes, fundamentos y condiciones exógenas que ameriten esa decisión tomada por el Gobierno Nacional”, afirmó.
Rodríguez también advirtió sobre tres factores que, en conjunto, podrían tener implicaciones significativas en el presupuesto nacional: la no aplicación de la regla fiscal, el anticipo del impuesto de renta y la ausencia de un recorte presupuestal. “Son tres circunstancias prácticamente contrarias a lo que hemos manifestado: el cumplimiento de la regla, el recorte presupuestal y la reducción del gasto público, especialmente en los gastos de funcionamiento”, explicó.
El contralor subrayó la importancia de revisar la ejecución del gasto público, diferenciando entre los gastos de funcionamiento y los de inversión, estos últimos vinculados a la política de reactivación económica. “Hemos llamado la atención sobre la ejecución en los gastos de inversión, pero sí hay que mirar y revisar el tema de gastos de funcionamiento y tratar de restringir al máximo frente a estas medidas”, indicó.
