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La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su preocupación por el reciente decreto emitido por el Gobierno nacional, que modifica los lineamientos de retención en la fuente y que según el gremio, implica una carga adicional para el sector empresarial.
Camacol calificó la medida como “una reforma tributaria disfrazada”, al señalar que obliga a las empresas a adelantar el pago de impuestos sobre ingresos que aún no han recibido.
Según el gremio, esto afecta directamente la caja de las compañías, compromete la generación de empleo y obstaculiza los esfuerzos de reactivación económica en curso.
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En su pronunciamiento, Camacol insistió en que el país requiere condiciones estables para promover la inversión y el crecimiento. Afirmó que decisiones como esta aumentan la incertidumbre en un momento en que el sector productivo necesita confianza y reglas claras. “Se necesita un entorno tributario estable, no nuevas cargas que afecten la recuperación económica”, indicó.
Finalmente, el gremio advirtió que este tipo de medidas contradicen los esfuerzos por estimular la actividad económica y dificultan la labor de construcción de país en un entorno ya desafiante para la inversión.
Cabe mencionar que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también expresó su rechazo al decreto 572 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional en la noche del martes, al considerar que representa una carga tributaria anticipada que compromete el flujo de caja y el capital de trabajo de las empresas colombianas. Según la federación, esta medida equivale a una reforma tributaria disfrazada que tendrá consecuencias negativas sobre el tejido empresarial del país, especialmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que con esta nueva norma las empresas deberán anticipar pagos de impuestos que corresponderían al año 2026, lo que desnaturaliza la figura de la retención en la fuente. A su juicio, esta herramienta tributaria, diseñada originalmente para controlar el recaudo, ha sido transformada en un mecanismo exótico que busca solventar el déficit fiscal del Gobierno.
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Cabal indicó que esta medida irrumpe en los procesos de planeación financiera de los empresarios, al imponerles una carga fiscal no prevista que puede poner en riesgo su sostenibilidad. Señaló que el Gobierno está sustrayendo el capital de trabajo del sector productivo en un momento en el que la economía enfrenta múltiples desafíos.
