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La compañía Uber anunció este lunes 03 de febrero que presentó al gobierno del presidente Iván Duque una notificación formal de su intención de someter su caso a arbitraje internacional, conforme al Tratado de Liber Comercio (TLC).
La intención es tratar de resolver ante esa instancia la controversia suscitada por el fallo emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el 20 de diciembre de 2019, que obligó a que dejar de operar en el país desde el 1 de febrero de 2020.
Uber, a través de un comunicado, también reveló que dado a que el TLC exige presentar una estimación aproximada de los daños y perjuicios sufridos a raíz de las presuntas violaciones del Tratado, sus cálculos preliminares indican que los daños superarían los $250 millones de dólares.
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Por intermedio de sus abogados, Uber señaló que "el Estado colombiano omitió brindar a Uber y a sus inversiones el mismo trato favorable que Colombia provee a inversionistas colombianos y de terceros países en la industria de plataformas de movilidad".
E indicó que Colombia incumplió su obligación "de brindar un trato justo y equitativo a inversionistas estadounidenses; y que así mismo, incumplió el TLC al adoptar medidas que tienen efectos expropiatorios y han causado millonarios perjuicios a la compañía".
Respecto a la decisión de la SIC de bloquear la aplicación en Colombia, obligándola a dejar de operar con su servicio de transporte privado de pasajeros, Uber advierte que esto "constituye un acto de censura en contra la neutralidad de red, la libertad de expresión en Internet, y el uso de Internet".
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Además, aseguraron que, en contraste con las medidas tomadas en contra de Uber, "otras compañías colombianas y de otros países que ofrecen plataformas similares no han sido sujetas al mismo trato y continúan operando en el país sin intervenciones similares".
Por su parte el presidente Iván Duque, en declaraciones para el Diario La República, aseguró que "las plataformas digitales nosotros las aproximamos bajo un principio de neutralidad de la red. Las controversias están en un sector de transporte público, tenemos leyes y normas que establecen quiénes son los prestadores en condiciones óptimas”.
E indicó que "hay que llegar a una regulación inteligente donde podamos nivelar la cancha para todos en el caso de plataformas digitales (...) Un Estado no puede legislar para una empresa, se debe asegurar la regulación, una cancha nivelada y no competencia desleal".
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