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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió estudiar una demanda que busca que se le ordene al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia estructurar y ejecutar acciones concretas que garanticen la continuidad en la prestación de servicios públicos como lo es la expedición de cédulas de extranjería y pasaportes.
Esta demanda de 46 páginas, se conoce en momentos en que en se mantiene la incertidumbre por lo que sucederá a partir del 2 de octubre de este año, fecha en la que vence el contrato con la firma Thomas Greg.
Dentro de las pretensiones de la demanda se señala: “Ordenar a la Unidad Administrativa Especial Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que mientras se adelanta el proceso de licitatorio para seleccionar el contratista a cargo de la producción de las libretas de pasaporte, adopte medidas que garanticen la continuidad de la prestación del servicio público”.
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La acción popular fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho y también está dirigida en contra de la Imprenta Nacional de Colombia y la sociedad Accesos Holográficos S.A. de C.V. sucursal Colombia.
De acuerdo con el demandante los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la libre competencia económica, se encuentran vulnerados con las actuaciones de las autoridades demandas en este caso, al supuestamente eludir el deber de licitar la prestación de los servicios, y usar indebidamente para el efecto, la contratación directa mediante contratos interadministrativos con la Imprenta Nacional de Colombia.
“Según la información pública disponible, esta última empresa estatal no cuenta con la experiencia ni la capacidad para ejecutar los objetos contractuales, por carecer de la organización, tecnología, recursos, personal e infraestructura necesaria para asumir por sí misma las obligaciones. Aprovechando su régimen contractual privado, entregó la ejecución de los contratos a una tercera empresa privada (Accesos Holográficos S.A. de C.V. sucursal Colombia), convirtiéndose en un simple puente o intermediaria”.
Andrés Caro, director de la Fundación Estado de Derecho indicó que con esta demanda no se pretende la nulidad de los contratos suscritos por las entidades públicas para la expedición de las cédulas de extranjería y de los pasaportes, sino la adopción de medidas necesarias para evitar que se continúe actuando de forma improvisada, y en detrimento de la prestación del servicio público, del patrimonio, de la moralidad administrativa y de la libre competencia.
Así mismo, se plantea en la demanda que Migración Colombia suscribió en su momento un contrato interadministrativo con la Imprenta Nacional para que esta produzca las cédulas de extranjería, pese a carecer de la organización, tecnología, los recursos, el personal y la infraestructura necesarios.
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Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo señaló que la Imprenta Nacional aún no está lista para asumir la expedición de los pasaportes, por lo que se prevé que sólo hasta septiembre de 2025 pueda realizar ese proceso.
“Lo que encontramos es que la Imprenta necesita procesos adicionales de fortalecimiento, no estaría lista para asumir el 3 de octubre y por eso vamos a firmar acuerdos con los gobiernos que están presentando propuestas, quienes van a iniciar acompañamiento a la Cancillería en el proceso", explicó el ministro de Relaciones Exteriores.
