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El sindicato de la Procuraduría denunció que habiendo salido el exprocurador Alejandro Ordóñez del cargo, este ya no tenía derecho a utilizar los recursos de la entidad.
Ante las críticas del sindicato de la Procuraduría, al señalar que el saliente procurador Alejandro Ordóñez habría expedido un decreto en el año 2013 que permite que después de abandonar el cargo los altos ex funcionarios de la entidad pueden continuar con el esquema de seguridad por 4 años más, el Ministerio Público se pronunció, aclarando que la seguridad de los exprocuradores generales de la Nación y de sus familiares con esquemas asignados, se define mediante estudios realizados por las autoridades competentes y que dependen de las circunstancias que rodean a cada uno de los exfuncionarios y a sus círculos cercanos.
"Son dichas autoridades las responsables de determinar la viabilidad de los esquemas. Al interior de la Entidad se regula por el numeral 2 del Artículo 20 del Decreto Ley 262 de 2000, en lo relativo a las funciones de la División de Seguridad: Garantizar, de conformidad con el reglamento de protección y seguridad que expida el procurador general, la seguridad personal de los servidores y exservidores de la Procuraduría General y sus familias, cuando por razones de seguridad sea necesario, para lo cual la Entidad deberá disponer de los recursos humanos y físicos que se requieran”, señaló el Ministerio Público.
Explicó además que el 3 de abril de 2009, el entonces procurador general Alejandro Ordóñez, estableció, mediante la Resolución 109, un nuevo reglamento de protección y seguridad personal para los servidores y exservidores de la entidad y sus familias.
"Dicha resolución fue adicionada por la 327 del 9 de agosto de 2013, la cual estableció que el beneficio de seguridad para los exfuncionarios de la Procuraduría General de la Nación no podría superar los cuatro años de duración desde la salida del cargo, ya que no existía una normativa que definiera un límite de tiempo en la materia".
El órgano de control aclaro que debido a la salida de Ordóñez el pasado 19 de septiembre y frente a la ausencia de un nuevo estudio de seguridad realizado al exprocurador y a los miembros de su familia, el ministerio, en cumplimiento de la normativa existente y en aras de garantizar la protección al exprocurador y a sus familiares, mantuvo el esquema que tenía al momento de su salida del cargo.
