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La Ley de Víctimas que fue aprobada en 2011 para reparar a las personas afectadas por el conflicto armado está a punto de cumplir su ciclo. Según la norma que promulgó su vigencia, termina en 2021 sin alcanzar a reparar a todo el grupo de damnificados, de acuerdo los demandantes de la norma que piden ampliar su vigencia.
Pero la Corte Constitucional podría lanzarle un salvavidas a la ley y ampliar su vigencia como pide el grupo de demandantes, conformados por los exministros Juan Fernando Cristo, Guillermo Abel Rivera, el candidato a magistrado Néstor Osuna y Gustavo García Figueroa.
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La ponencia, que ya está siendo discutida en la Sala Plena de la Corte, propone que la ley se extienda por el mismo periodo de tiempo que la vigencia de los acuerdos de paz, los cuales quedaron blindados constitucionalmente por los tres períodos presidenciales siguientes, es decir al 2030.
Sin embargo, podría haber otra discusión en la Sala por cuenta de que algunos magistrados están planteando que la vigencia de la ley de víctimas se extienda por el mismo periodo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según la ley que promulgó la vigencia, “el plazo para la conclusión de las funciones de la Jurisdicción (...) será de 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de las salas (...) y un plazo posterior de cinco años más para concluir su actividad jurisdiccional”.
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La petición de los demandantes, en concreto, es que la Corte tumbe uno de los apartes de la norma que impone límites en el tiempo para reparar a todas las víctimas del conflicto armado, quienes son considerados como el eslabón de los acuerdos de paz
Se trata de uno de los apartes del articulo 208 que dice textualmente: "La presente ley rige a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de diez años".
