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Aunque la ley que prohíbe el uso de biopolímeros en cirugías estéticas y protege a las víctimas de estas sustancias, ya está en vigencia en Colombia, al parecer habría demoras en la implementación de la misma.
La iniciativa busca garantizar la atención de las personas que se han visto afectadas por el uso de sustancias modelantes en procedimientos quirúrgicos, además de sancionar con cárcel a los médicos que las utilicen.
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El senador Carlos Motoa, quien promovió en el Congreso esta propuesta, dijo que la norma estableció una serie de obligaciones para el Gobierno Nacional, pero el Ministerio de Salud ha demorado su aplicación, razón por la cual le envió una carta en la que solicita celeridad en la puesta en marcha de estas disposiciones.
“En agosto del año anterior logramos una noticia importante para la salud de las colombianas: fue sancionada nuestra ley 2316 de 2023 para proteger a las víctimas de biopolímeros en el país. Sin embargo, seis meses después hemos encontrado algunos obstáculos en la implementación, por eso llamó la atención del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo”, explicó.
Son cuatro las peticiones que hizo el legislador al Gobierno, en el marco de la aplicación de la ley:
- Que el Invima concrete el listado de sustancias modelantes permitidas en Colombia;
- Que el Ministerio incluya dentro de los Planes de Beneficios en Salud (PBS) los tratamientos para el retiro de la sustancia.
- Que se disponga de un sistema de información interoperable que incluya un registro para el control de ventas de esas sustancias.
- Que se Implementen las estrategias de promoción y prevención correspondientes
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“Colombia es uno de los países de la región donde más se practican cirugías estéticas. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica en el año 2017 Colombia ocupó el cuarto lugar en el mundo en cirugías plásticas realizadas, después de EE.UU, Brasil y México. Recordemos también que las mujeres son la mayoría de víctimas con un 95%”, indicó.
El senador Motoa recordó que la ley establece sanciones de cárcel de entre 8 y 15 años, además de onerosas multas para los profesionales de la salud que utilicen biopolímeros en cirugías estéticas.
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