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El 13 de agosto la Registraduría Nacional del Estado Civil divulgó una resolución que tenía lista desde una semana antes. El documento se convirtió en uno clave en la búsqueda de algunos sectores que se oponen al Acuerdo de Paz que el Estado colombiano, entonces bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, firmó con las extintas Farc para que la guerrilla dejara las armas.
La resolución, firmada por el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, autorizó la conformación de un comité que aspira, a través de un referendo, a tumbar el Acuerdo de Paz de 2016. El vocero oficial del equipo es el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, militante del partido Salvación Nacional, del excandidato presidencial Enrique Gómez.
Una semana después, este 19 de agosto, el presidente Gustavo Petro aprovechó su consejo de ministros televisado para oponerse a la posibilidad. El mandatario llamó "irresponsables" a quienes promueven la iniciativa y advirtió que un eventual resultado en contra del tratado dejaría mal parado a Colombia ante la comunidad internacional.
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"El Estado colombiano presentó una declaración unilateral de Estado a las Naciones Unidas", explicó Petro. En ese sentido, precisó que si un referendo hace a un lado al Acuerdo, esa sería "la constancia de que incumplimos" la declaración. "Las sanciones contra Colombia serían fatales", insistió, y aseguró que el país se enfrentaría a tribunales internacionales.
Durante su discurso, Petro indicó que "nos tocaría salirnos de Naciones Unidas" si el Acuerdo termina por la vía del referendo. El mecanismo aún necesita surtir varias etapas. La primera, la recolección de unas 2,05 millones de firmas, equivalentes al 5% del censo electoral total, que la Registraduría ha calculado en más de 4,13 millones de personas.
Si el comité consigue el número mínimo de firmas, la Registraduría debe validarlas y luego dar luz verde a la aplicación del referendo propiamente. En ese caso, a las urnas tendría que salir el 25% del censo electoral, o sea, unos 10,28 millones de votantes. Si no se llega al dato, el contenido del referendo no se vuelve obligatorio y el Congreso no tendría que tramitarlo.
Rocha le manifestó a la Registraduría su intención de cara a la iniciativa: "con el corazón dolido pero con la esperanza intacta, pedimos que se nos devuelva la voz que nos arrebataron el 2 de octubre de 2016", cuando el Gobierno llevó a cabo un plebiscito para consultar, con una pregunta de sí o no, si la población estaba de acuerdo con el Acuerdo de Paz.
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Con más de 12,8 millones de votos válidos, el "No" ganó el plebiscito con un 50,21%. El margen frente al "Sí" fue de 0,43 puntos porcentuales. El resultado llevó a que la administración de Santos y el entonces secretariado de las Farc renegociaran algunos apartes del Acuerdo con el uribismo, la principal colectividad opositora al tratado.
"Ese día dijimos NO a un acuerdo mal hecho, pero nos impusieron un SÍ. Hoy los hechos nos dieron la razón: disidencias armadas, niños reclutados, territorios en guerra, población desplazada masivamente y una paz que nunca llegó" (sic), relató Rocha, como se ve en la Resolución 9509 de la Registraduría, con la que comenzó la ruta hacia el potencial referendo.
El Acuerdo de Paz ha recibido un vasto respaldo internacional, hasta el punto en que trimestralmente una Misión de Verificación de Naciones unidas presenta un informe de seguimiento a su implementación. El balance llega al Consejo de Seguridad, el órgano colegiado más influyente de la ONU, que ha prolongado el mandato de la Misión hasta octubre de 2025
