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La compra de votos es una actuación que está catalogada como un delito en Colombia y que tiene consecuencias penales. La ley establece que se debe imponer sanciones tanto para quienes ofrecen dinero o beneficios a cambio del voto como para quienes aceptan este tipo de propuestas. Las penas pueden terminar en cárcel y multas.
En Colombia, este delito se conoce a nivel judicial como corrupción al sufragante y está contemplado en el Código Penal. La norma sanciona cualquier intento que termine en una influencia en la decisión de los votantes mediante dinero, regalos, promesas de empleo, contratos u otro tipo de beneficios. La finalidad es proteger el derecho de los ciudadanos a votar de manera libre.
La pena por comprar o vender un voto
El Código Penal colombiano dice que quien ofrezca, prometa o entregue dinero u otro beneficio a una persona para que vote por determinado candidato, partido o propuesta puede enfrentar penas de prisión que van aproximadamente entre cuatro y siete años y medio. Además de la cárcel, la ley impone también multas que pueden alcanzar hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La responsabilidad no recae únicamente sobre quien entrega el dinero o el beneficio. La norma tiene sanciones para la persona que acepta la oferta y participa en este acuerdo para favorecer a un candidato. En estos casos, las autoridades pueden hacer investigaciones para determinar el grado de participación de cada persona involucrada.
El delito está en el artículo 390 del Código Penal, que señala que prometer, pagar o entregar dinero u otro tipo de ventaja para influir en la decisión del votante se considera como corrupción al sufragante. Las investigaciones por este delito están a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
Las autoridades también advierten que la compra de votos no siempre se hace de manera directa entre un candidato y un ciudadano. En algunos casos, hay intermediarios que coordinan la entrega de dinero o beneficios a grupos de votantes. Esto, también puede ser investigado dentro de los delitos electorales.
Otros delitos electorales contemplados en la ley
Entre los delitos más conocidos está el constreñimiento al sufragante, que sucede cuando una persona es presionada o amenazada para votar por un candidato en específico o para abstenerse de hacerlo. También se encuentra el fraude al sufragante, que pasa cuando se engaña al votante para que replantee su decisión en las urnas.
Otro delito es el llamado trasteo de votos, que es cuando una persona inscribe su cédula para votar en un lugar donde no vive, solo con el fin de influir en los resultados de una elección. Esta conducta también está penalizada y puede terminar en penas de prisión que pueden llegar hasta nueve años, dependiendo de las circunstancias.
Además, en la ley también se consagran otros delitos como la suplantación de votantes, la alteración de resultados electorales, la retención ilegal de cédulas y la participación de funcionarios públicos en prácticas que afecten el proceso electoral. Cada una de estas acciones tiene sanciones penales establecidas en el Código Penal.
Canales para denunciar la compra de votos
Las autoridades han habilitado diferentes canales para que los ciudadanos reporten posibles irregularidades durante los procesos electorales. Las denuncias pueden presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo o a través de los canales dispuestos por el Gobierno para recibir información sobre delitos electorales.
Una de las recomendaciones que suelen hacer las autoridades es reportar cualquier ofrecimiento de dinero o beneficios antes de votar. Esto permite que las instituciones adelanten investigaciones y tomen medidas frente a las personas responsables de estas conductas.
