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El abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, vocero del comité que impulsa un referendo para derogar el Acuerdo Final de Paz con las FARC, aseguró en entrevista con La FM que la Registraduría les otorgó “vía libre para comenzar el proceso de recolección de firmas”. Según explicó, el objetivo es retirar del ordenamiento jurídico los actos legislativos y las leyes que dieron vida a lo pactado en La Habana.
¿Cuántas firmas necesita el referendo para derogar el acuerdo con las FARC?
Rocha indicó que, de acuerdo con la Registraduría, necesitan recolectar “un poco más de 2 millones de firmas”. Añadió que, una vez entregadas, la entidad tendrá “45 días para verificar las firmas”. Tras este proceso, la iniciativa deberá ser remitida al Congreso de la República para su trámite.
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En la entrevista, el vocero cuestionó la implementación del acuerdo, afirmando que “los actos legislativos deben salir del ordenamiento jurídico” y que la política pública de paz “ha sido un fracaso total”. Señaló que tras la firma persisten múltiples estructuras armadas, el crecimiento del narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento forzado de menores y los desplazamientos masivos. Según dijo, los compromisos de reintegración, reparación a víctimas y garantías de no repetición “han sido incumplidos de manera sistemática”.
¿Qué pasará con los excombatientes y las instituciones creadas por el acuerdo?
Al ser consultado sobre los exintegrantes de las FARC que hoy hacen parte de la vida política, Rocha afirmó que “las decisiones que se hayan tomado hasta ahora quedan en firme”, pero aclaró que sí buscan “evitar que haya 4 años más de circunscripciones electorales especiales”. Sostuvo que las curules otorgadas “se entregaron sin votos” y que “la mayoría del pueblo colombiano rechazó esos acuerdos en el plebiscito de 2016”.
En cuanto a la situación de seguridad, el abogado mencionó la existencia de diferentes bloques y frentes armados que operan en varias regiones del país. Aseguró que “la situación de violencia es terrible en este momento” y que la propuesta de referendo busca que “el pueblo tome la decisión”.
Respecto a instituciones creadas por el acuerdo como la JEP o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Rocha manifestó que “tienen que acabarse”. A su juicio, aunque son legales, “son ilegítimas” porque “fueron creadas en contra de la voluntad popular” y mediante un procedimiento de Fast Track que, según dijo, “pupitreó reformas constitucionales y leyes”.
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El vocero insistió en que se produjo una “captura institucional y presupuestal” con la implementación de la paz, lo que obliga a “repensar la política pública” en un contexto de restricciones fiscales. En sus palabras, la intención es “preguntarle al pueblo colombiano” si desea mantener esos mecanismos o eliminarlos.
Finalmente, Rocha afirmó que “ya tenemos un problema social” derivado de la persistencia de disidencias y frentes armados, y reiteró que el principal error fue que “no se escuchó al pueblo en su sabiduría”, lo que a su juicio “fracturó la cohesión social”.
