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El Gobierno nacional expidió el Decreto 0182 de 2026, una norma que redefine la forma en que deben operar las EPS en Colombia y que podría provocar el traslado de afiliados en algunos departamentos. La medida, firmada por el Ministerio de Salud, establece nuevos criterios de presencia territorial que obligan a las aseguradoras a tener un número mínimo de usuarios en las regiones donde están habilitadas.
En la práctica, esto significa que las EPS que no cumplan con esos porcentajes deberán reorganizar su operación y podrían verse obligadas a trasladar afiliados hacia entidades con mayor cobertura regional. Aunque el decreto no ordena cambios masivos inmediatos, sí crea el marco legal para que estos movimientos se produzcan en los próximos meses.
La norma introduce un criterio central: las EPS deben demostrar que tienen una presencia real y suficiente en cada territorio donde están autorizadas para operar. No basta con estar registradas; también deberán cumplir con umbrales mínimos de afiliación por departamento.
Si una entidad no alcanza esos porcentajes, tendrá que ajustar su operación, lo que podría implicar reducir su presencia en determinadas zonas y trasladar usuarios a otras EPS que sí cumplan con las condiciones exigidas.
En medio del debate que ha generado esta medida, el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal expresó en entrevista con La FM su preocupación por la posibilidad de que algunos afiliados sean trasladados a entidades que actualmente enfrentan dificultades financieras o están intervenidas.
“Terrible, terrible en este momento”, afirmó al referirse a los cálculos que señalan que algunas EPS, como Nueva EPS, podrían recibir cerca de 2,5 millones de afiliados adicionales.
Aristizábal explicó que reorganizar la afiliación territorial puede ser una medida válida en ciertos casos, pero advirtió que hacerlo sin resolver los problemas financieros del sistema podría agravar la crisis.
“Sin revisar la retroactividad de la UPC y sin hacer los ajustes necesarios, van a empeorar la situación financiera de esas EPS”, señaló.
El exsuperintendente también cuestionó que se pretenda trasladar usuarios a entidades que ya han sido intervenidas por problemas administrativos y financieros.
“¿Cómo va a recibir más usuarios una entidad que fue intervenida por hallazgos gravísimos administrativos, fiscales y disciplinarios?”, planteó.
Según explicó, una decisión de este tipo podría generar un efecto en cadena que afecte a clínicas, hospitales y proveedores del sistema.
“Muchos proveedores van a empezar a cerrar la red: hospitales, clínicas, servicios de urgencias y proveedores de medicamentos”, advirtió.
A su juicio, el impacto final recaería sobre los pacientes. “Va a aumentar la enfermedad, la mortalidad y se van a seguir cerrando servicios”, aseguró.
Aristizábal también señaló que este tipo de redistribución podría afectar el derecho de los usuarios a elegir su EPS, especialmente en municipios donde solo existe una entidad prestadora.
“En un municipio donde solo hay una EPS, el usuario no va a tener dónde trasladarse”, explicó.
Durante la entrevista, el exsuperintendente también respondió a un mensaje publicado por el presidente en redes sociales, en el que lo mencionó directamente al referirse al sistema de interventores de las EPS.
“Esa lista no es de Aristizábal, es una lista de la Superintendencia”, afirmó.
El exfuncionario explicó que durante su gestión se creó un registro público para seleccionar interventores con criterios técnicos y evitar nombramientos discrecionales.
“Ese registro se creó precisamente para evitar decisiones arbitrarias en la designación de interventores”, concluyó.
