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Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país, celebraron la decisión de la Corte Constitucional de rechazar la solicitud de varios congresistas que le pedían anular su última decisión sobre el aborto en Colombia según la Sentencia SU- 096 de 2018.
La asesora jurídica y de incidencia de la Mesa Por la Vida y la Salud de las Mujeres, Ana Maria Méndez, destacó esta decisión en la que se confirma que el debate jurídico sobre el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está concluido, al mantener la orden dirigida al Ministerio de Salud para que expida una regulación sobre esa materia.
“Las organizaciones de mujeres celebramos esta decisión de la Corte que mantiene su posición inicial y que lo que busca es eliminar las barreras de acceso que aún enfrentan las mujeres que buscan acceder al derecho al aborto (...) Lo que se establecen una serie de obligaciones y deberes tanto para los prestadores de salud como para las entidades que tienen algún tipo de responsabilidad para la garantía de este derecho”, subrayó.
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Agregó que la sentencia SU-096 de 2018 emitida en octubre del mismo año, elimina las barreras de acceso al aborto que siguen enfrentando las mujeres en Colombia a más de 13 años de que este derecho les fuera reconocido en tres circunstancias específicas.
Esta iniciativa en las mujeres es apoyada por entidades como 'Por el Derecho a Decidir', Centro de Derechos Reproductivos, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Profamilia y Women’s Link Worldwide.
Para avanzar en esa dirección, una de las medidas que la Corte Constitucional dispuso fue la expedició, por parte del Ministerio de Salud, de una regulación que compile todas las normas sobre aborto ya establecidas.
En la Sentencia SU-096 de 2018 ese tribunal exhortó al Congreso para que “en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, regule el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, avanzando en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y buscando eliminar las barreras aún existentes para el acceso a la IVE”.
Méndez señaló que “para nosotros es muy importante porque esta orden se mantiene firme, tras rechazar la solicitud de nulidad realizada por algunos congresistas, quienes para la Corte no estaban legitimados para presentar dicha solicitud”.
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Agregó que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental que permite una regulación por parte del Ministerio de Salud.
“La Corte envía un mensaje claro en el sentido de que los derechos no se pueden reversar y que cualquier discusión o regulación debe respetar el derecho fundamental a la IVE que ganamos las mujeres colombianas en 2006, para así avanzar de manera contundente en su protección y plena garantía”, dijo.
Méndez concluyó que las mujeres en Colombia tienen derecho a exigirle al sistema de salud que les preste el servicio de aborto, sin dilaciones, sin prejuicios y sin maltratos, cuando su salud o su vida esté en riesgo, cuando el feto presente una grave incompatibilidad con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.
