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Santiago Pardo, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Claro, se refirió al doble papel que tiene el Gobierno en la subasta, por un lado el ser accionista de Telefónica- Movistar (uno de los oferentes) y por el otro, ser el que lidera el proceso.
Por su parte, el representante de Telefónica, aseguró que “es necesario que el MinTic defina condiciones particulares de manera que no se generen ventajas competitivas para el operador dominante (Claro)”.
Así las cosas, propone que se establezcan más obligaciones como restricción de la participación por bloques del espectro y adoptar medidas necesarias por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones como mínimo por 6 meses para revisar su efectividad.
En la jornada, el presidente de TigoUne, Marcelo Cataldo, tuvo una opinión diferente al común, pues considera que no es necesaria la subasta en un momento en que el país no tiene la infraestructura adecuada para prestar un servicio adecuado de telecomunicaciones.
“Ningún operador va a nivel, el problema es de infraestructura. Por ejemplo, el precio de los teléfonos, hace unos años un teléfono inteligente costaba cerca de un millón de pesos y ahora cuesta 4 millones de pesos”, aseguró Cataldo.
También, explicó que cuando se unieron con Une y quedaron con más bandas, el Gobierno los obligó a devolver para cumplir con los topes de espectro.
“Cuando hicimos la fusión En el 2014 sobrepasamos las bandas altas sumando lo de Tigo más lo de Une 135 Mhz cuando el tope era 85, el Gobierno nos obligó a devolver 50 Mhz un proceso tortuosos durante 2 años y medio y cumplir con los requisitos del Gobierno. Ahora sale la licitación nueva y resulta ser que se mueven los topes para que otros puedan participar entonces no me parece justo con Tigo Une”, concluyó el presidente de dicho operador móvil.
Al respecto, el viceministro General de TIC, Juan Sebastián Rozo, dijo que deben ser imparciales sobre el hecho pero que el Gobierno garantiza un proceso legal en el área técnica y jurídica.
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