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La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) advirtió que el proyecto del Ministerio de Hacienda que busca aumentar en un 20% la contribución de los usuarios industriales en el servicio de energía eléctrica profundizará la pérdida de competitividad y trasladará más costos a los consumidores.
Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, señaló que el problema de fondo no está en la falta de recursos para cubrir los subsidios, sino en la ineficiencia de la regulación tarifaria. “El aumento en las tarifas de energía se ha dado porque no se han corregido estructuralmente problemas en la fórmula tarifaria del costo unitario del servicio, cuyos periodos ya se vencieron sin ser actualizados. Esto extiende las ineficiencias y dispara las tarifas”.
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Según la asociación, entre 2020 y 2025 el costo unitario de la energía eléctrica pasó de $491,7 a $789,4 por kWh, un alza del 60,5%, lo que a su vez disparó en 80% los aportes de la Nación para cubrir subsidios.
Fonseca afirmó que “si la regulación hubiera actuado a tiempo, cumpliendo los periodos tarifarios y los criterios de ley, hoy los subsidios serían más racionales y las contribuciones más bajas”.
Asoenergía advirtió que la medida afectará de manera directa a sectores como minería, agro, construcción, servicios públicos y manufactura. “Colombia ya es el segundo país de Latinoamérica con los costos de energía más altos para la industria. Un mayor cobro sobre una base creciente es una declaración de inconsciencia frente a la importancia de la competitividad del país”, dijo Fonseca.
La asociación también señaló impactos sobre la inflación, dado que la energía es un insumo transversal en toda la producción. “El aumento en el costo de la energía se trasladará en cadena a muchos sectores y, finalmente, al consumidor final”, agregó.
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En cuanto al aspecto legal, Asoenergía sostuvo que la medida desconoce el marco establecido por la Ley 1430 de 2010 y decretos posteriores que eximieron de este tipo de contribuciones a varios sectores industriales. “No es consecuente ni responsable modificar vía decreto lo que la ley había definido, vulnerando principios de equidad y seguridad jurídica”, concluyó Fonseca.
