Ángela María Buitrago: “Una cosa es proteger al Ejército y otra usar la aspersión aérea como respuesta”

Buitrago insistió en que el pronunciamiento del presidente no puede desconocer los límites fijados: “Una cosa es que el Estado haga valer su derecho de protección a los miembros del Ejército y otra muy distinta es usar la aspersión aérea como respuesta a ataques contra la fuerza pública”.

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¿Qué implicaciones tendría retomar la fumigación aérea?

La defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó el señalamiento a la Corte: “El pronunciamiento del presidente parece poner la responsabilidad en la Corte Constitucional, lo cual es injusto, porque la Corte ha estado dentro de sus competencias, pendiente del tema de sustitución de cultivos ilícitos”. Añadió que el incumplimiento de los programas de sustitución recae tanto en el actual Gobierno como en los anteriores.

Marín destacó la necesidad de retomar lo pactado en el acuerdo de paz: “Debemos retornar al camino original, que no excluye la erradicación forzosa, pero la deja como último mecanismo y con un proceso previo de concertación”.

Desde Washington, Juanita Goebertus advirtió que la medida refleja desorden institucional. “Esto denota improvisación en la política de seguridad y de paz. Antes de hablar de aspersión, lo que está pendiente es que el Gobierno ponga en marcha una política de protección de las poblaciones y de la fuerza pública”. Aseguró que retomar la fumigación no resolvería el crecimiento del narcotráfico ni el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

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Goebertus agregó que el país aún tiene pendientes los compromisos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). “No ahora simplemente creer que por arte de magia, luego de que Gustavo Petro hizo campaña toda su vida en contra de la aspersión aérea, la gran solución sea retomar la fumigación”.

Las tres invitadas coincidieron en que cualquier decisión debe considerar los fallos de la Corte y la necesidad de cumplir con los compromisos del acuerdo de paz. Marín concluyó que “no debería retomarse la aspersión, sino establecer criterios de consulta y atender los riesgos de salud.

El debate dejó claro que el anuncio presidencial abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la política antidrogas en Colombia, en medio de un escenario marcado por ataques a la fuerza pública y el aumento de cultivos ilícitos.