Aunque los diálogos con el ELN están rotos, el Gobierno volvió a contratar a Vera Grabe como jefa negociadora

La administración del presidente Gustavo Petro planea continuar con su política de Paz Total, incluso con la fracasada mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al menos por siete meses más. Durante ese período, la exmilitante del M-19 Vera Grabe retomará su rol como jefa negociadora, como quedó registrado en un contrato que firmó el primero de septiembre.

Grabe suscribió el convenio seis días antes de que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) lo publicara en el portal de contratación pública. El documento contiene trece cláusulas y precisa que la antropóloga liderará "las actividades que como jefa de la delegación le correspondan en desarrollo del proceso de paz con el ELN", según las indicaciones del gobierno de Petro.

El contrato, de diez páginas, deja ver que el Ejecutivo tiene entre sus objetivos una "reactivación de los diálogos de paz con el ELN", que han estado suspendidos desde que el presidente Petro los detuvo en enero, cuando la guerrilla desató una acometida criminal en el Catatumbo que ha provocado más de 72 mil desplazamientos forzados, según cifras actualizadas en agosto.

La delegada del Gobierno avanzará "en las tareas de reactivación del espacio de diálogo en concurrencia con las organizaciones, instituciones, comunidades y actores afectados" por el accionar del grupo subversivo. El Gobierno, a cambio, le desembolsará 175 millones de pesos en total, repartidos en pagos de veinticinco millones entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Otty Patiño, exnegociador con el ELN y actual comisionado de paz, firmó antes del contrato un oficio de antecedentes de contratación de 37 páginas, del 24 de julio. La Presidencia ya reconocía el estado estancado de las conversaciones con el ELN, aunque desde febrero la comunidad internacional ha propiciado "esfuerzos discretos" para concretar nuevas condiciones.

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"Si bien, como se anotó, el proceso se encuentra suspendido, el deber constitucional del Gobierno nacional es continuar buscando salidas dialogadas al conflicto armado interno, por lo que se requiere continuar acercamientos y acciones para retomar los diálogos y avanzar en los esfuerzos e iniciativas de paz con el Ejército de Liberación Nacional", se lee en los antecedentes.

El documento tienta la posibilidad de deliberar en el Vaticano. "En mayo de 2025, el presidente de la República sugirió al Vaticano como lugar para el desarrollo de los diálogos de paz", destaca en un aparte sobre los "avances" de la mesa con el ELN, y luego sostiene que el contrato se ejecutará en el territorio nacional "y en los sitios internacionales en que se lleven a cabo negociaciones".

Actualmente, el embajador colombiano en la Santa Sede, donde Petro aseguró luego de una reunión con el papa León XIV que habría "una segunda oportunidad" para el proceso de paz con el ELN, es el exministro de Defensa Iván Velásquez. El también exmagistrado auxiliar fue el estratega militar del mandatario mientras estuvieron vigentes los ceses al fuego con la guerrilla y las disidencias.

La plata para la labor de Vera Grabe saldrá del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondo Paz, una cuenta que administra el Dapre. Lo mismo ocurrirá con Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior del expresidente Álvaro Uribe, a quien el Gobierno le asignará 117 millones de pesos divididos en el mismo plazo de siete meses. O sea, 19,5 millones al mes.

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Valencia participará como negociador con el denominado Estado Mayor de varios frentes y bloques de disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', un rol que ha mantenido pese a que ha denunciado internacionalmente una supuesta persecución legal contra Uribe junto a militantes del Centro Democrático a quienes Petro ha llamado "apátridas".

Los antecedentes de la contratación del abogado paisa, remarcados en un oficio de 32 páginas, indican que, aunque hay gente en la planta del Gobierno para continuar con las negociaciones con las disidencias, el personal "no es suficiente", así que "se hace necesario contratar a los representantes autorizados por el Gobierno nacional", como Valencia o el exsenador Feliciano Valencia.

Igual que Vera Grabe, los excongresistas Valencia suscribieron sus contratos el primero de septiembre. Las autoridades tachaban preliminarmente a las disidencias de 'Calarcá' de atacar un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, y matar a trece uniformados el 21 de agosto, un día antes de que la delegación estatal y la rebelde retomaran sus discusiones.

El 4 de septiembre el ELN se adjudicó el ataque. El grupo armado sostuvo que su frente Darío Ramírez Castro fue responsable de la mortífera detonación, a la que calificó como una de sus "victorias" del mes pasado. La guerrilla informó el 8 de agosto en sus redes sociales que este martes le presentará al Gobierno "una propuesta concreta de salida a la suspensión de los diálogos".

Actualmente, el Gobierno no mantiene ceses al fuego con el ELN ni con las disidencias de 'Calarcá'. La ofensiva militar continúa mientras las partes buscan salidas negociadas. El presidente Petro y el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han descrito a los miembros de los grupos armados como "traquetos" y "narcoterroristas", endureciendo un discurso que podría volver a aplacarse.