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Cerca de 60 familias campesinas que hacen parte de la comunidad afro conocida como Joaquincito Libre huyeron de su territorio, tras las amenazas y presencia violenta de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
La Defensoría del Pueblo alertó que 65 familias de la comunidad indígena Joaquincito, debieron esconderse en sus humildes viviendas, evitando violaciones a sus derechos humanos por parte de este actor armado ilegal.
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La comunidad afro Joaquincito Libre —pertenece al Consejo Comunitario de la Cuenca del río Naya—, jurisdicción del Distrito de Buenaventura, en el Pacífico colombiano.
La denuncia de la Defensoría, establece que otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, que son parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —residentes en la parte baja del río Naya—, se vieron obligados a permanecer protegidos en sus casas evitando cualquier cercanía con los integrantes del grupo guerrillero disidente.
Como si fuera poco, el Ministerio Público fue informado de la existencia de una tercera comunidad, en el lugar identificado como Chamuscado, que está al borde del desplazamiento igualmente, dada la presencia y las amenazas de que son objeto por parte de los integrantes de la disidencia Jaime Martínez que opera principalmente en el occidente del país.
"Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023.
Adicionalmente, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada", asegura en su pronunciamiento la entidad.
Advertencia
Frente a esta realidad, la regional Pacífico advierte que es urgente que se le brinde a todas las familias desplazadas en su tránsito hacia Buenaventura, todas las ayudas humanitarias de emergencia posibles como alimentación, salud, movilidad y trabajo, respetando sus derechos fundamentales y evitando más vulneraciones en su contra.
"Las estructuras amadas ilegales no pueden seguir atacando a la población civil, por tanto, las fuerzas de seguridad del Estado deben prestar una mayor seguridad en las zonas convulsionadas por el conflicto, particularmente donde los actores armados insisten en sembrar el miedo y la zozobra a través de acciones bélicas y con el control territorial y social", expresa mediante comunicado la Defensoría.
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Aboga la entidad porque un trabajo articulado y armonioso, evite que se de una crisis humanitaria derivada del confinamiento y desplazamiento masivos, lo que configuraría una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario de estos pobladores de la costa colombiana.
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