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Pocos días antes de cumplirse dos años del atentado terrorista que se registró en el Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017 en el norte de Bogotá, las víctimas aún reclaman ser reconocidas como afectadas para lograr la reparación que les prometió en su momento el Estado.
Actualmente, en el proceso penal que se adelanta contra varios de los implicados, no hay una sola condena ya que está pendiente de reanudarse la audiencia preparatoria del juicio.
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Francisco Bernate, representante civil de las víctimas cuestionó que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y reparación Integral a las Victimas, se haya negado a reconocer a los afectados de este caso bajo el argumento de que no está claro que estos graves hechos hagan parte del conflicto armado, pese a que las pruebas vinculan como presuntos responsables de este caso a integrantes de una supuesta célula urbana del ELN autodenominada Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).
“A lo largo de estos dos años la principal preocupación de las víctimas ha sido la dificultad para que el Estado honre su palabra y los reconozca como víctimas y proceda a realizar la indemnización a las que ellos tienen su derecho”, dijo Bernate.
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El representante de los afectados indicó que “las víctimas han sido expuestas a un ir y venir por todo tipo de entidades que acuden a todo tipo de argumentos, para negarles la condición de víctimas y el pago del subsidio al cual no sólo tienen derecho por ley, sino que además les fuera garantizado por el entonces presidente de la República”.
Aún no hay condenas
El proceso judicial por este atentado se encuentra en fase de audiencia preparatoria, luego que la Fiscalía y la defensa de los once presuntos implicados presenten las respectivas pruebas que serán usadas en la audiencia de juicio oral.
Aunque en agosto de 2018, un juez había dejado en libertad a los acusados por vencimiento de términos al considerar que la prórroga de la medida de aseguramiento se produjo de manera extemporánea, otro juez ordenó sus recapturas a su salida de la cárcel Modelo de Bogotá, por el delito de rebelión.
En desarrollo de esta investigación, la Fiscalía indicó que encontraron en poder de los involucrados material alusivo al MRP, además de varias armas de fuego.
Los investigadores también recolectaron mapas y una bitácora en donde al parecer varios de los acusados dejaban constancia de los movimientos de los lugares donde se cometieron otros atentados atribuidos a esa organización al margen de la ley.
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El proceso penal deberá reanudarse próximamente en los juzgados especializados de la ciudad, luego de que el tribunal Superior de Bogotá decidiera tumbar parcialmente el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, contra Natalia Trujillo Nova (procesada por este caso), al concluir que en efecto se presentó un error en el documento lo que le impidió al abogado planear sus argumentos y la estrategia para la defensa.
Cabe señalar que aunque en su oportunidad se trató de relacionar con este caso al joven Mateo Gutiérrez, un juez lo absolvió y ordenó la libertad del estudiante de sociología de la Universidad Nacional, tras demostrarse que no participó en otros atentados perpetrados entre abril de 2015 y 2017 en Bogotá.
